El aluvión universitario

 Rubén I. Bourlot

 

El sistema universitario argentino hunde sus raíces en el período hispánico que con la ocupación del territorio trajo también lo más granado de la cultura europea como fueron las universidades. En lo que hoy es la Argentina se instaló la Universidad de Córdoba (1613) y en la región rioplatense se fundaron la de Asunción (1779) y la de Charcas (1621) donde se formaron varios de los actores de la emancipación americana. Un caso llamativo es que un proceso de “colonización” se sustentara en la creación de universidades. Como escribió Elio Noé Salcedo (El origen de la Universidad nuestro americana) “El tiempo demostraría la potencialidad intrínseca de la ‘Universidad Americana’ para los latinoamericanos, dada su originalidad, novedad, naturaleza inédita y proyección en el nuevo mundo que nacía y que, después de quinientos años, aún no termina de nacer. De allí también su potencialidad y vigencia.”

A fines del siglo XIX se comenzó a estructurar el sistema universitario argentino con la Ley Nº 1.597 de 1885, llamada Avellaneda, que reguló los estatutos de las universidades nacionales. La norma fue un proyecto presentado por el senador nacional Nicolás Avellaneda, expresidente del país (1874-1880) y rector de la Universidad de Buenos Aires.

En 1918 la movilización de los claustros universitarios impulsó una profunda transformación de sistema consagrando su autonomía funcional y cultural desde una perspectiva latinoamericana.

 

Quieran los argentinos estudiar

La nueva etapa política que emergió a mediados de la década de 1940, con la incorporación del pueblo trabajador, insufló nuevos aires al sistema educativo.

El 26 de septiembre de 1947 se sancionó una nueva ley universitaria, conocida como Ley Guardo, que dispuso el otorgamiento de becas para los estudiantes de sectores más humildes. Se iniciaba el camino hacia la gratuidad universitaria que se concretó en 1949. 

La ley Guardo, número 13.031 conocida por el apellido del diputado peronista Ricardo César Guardo, facilitó la incorporación de los obreros a los estudios superiores. Así como a principios del siglo XX los inmigrantes que accedían a una mejor posición económica aspiraban a “m’hijo el doctor”, en este caso el turno era para los sectores más humildes que podían acceder a la enseñanza universitaria con la ayuda de becas para el pago de los aranceles. Fue un gran paso para popularizar la formación superior complementada por otras medidas que impactaron positivamente en el proceso de ascenso social de la comunidad argentina.

Esta norma disponía que “el Estado creará becas para la enseñanza gratuita (…) otorgadas a los estudiantes que, poseyendo aptitud universitaria, sean hijos de familias de obreros, atendidas las circunstancias de cada caso no permitan costear los estudios universitarios ni prescindir en todo o en parte de la ayuda económica que aporte o pudiera aportar el becado".

Recordemos los entrerrianos que el sistema de becas para fomentar la educación de los sectores de menos recursos económicos se había establecido tempranamente para la enseñanza primaria. Francisco Ramírez las plasmó en los estatutos de la República de Entre Ríos y continuaron a través de los años. El histórico Colegio del Uruguay (fundado en 1849) también ofrecía becas para cursar la enseñanza secundaria e incluso en las carreras de nivel superior que se establecieron en la institución creada por Justo José de Urquiza. La reforma de la constitución de Entre Ríos en 1883 dispuso la gratuidad de la enseñanza elemental.

 

Obreros a estudiar

En 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional (hoy UTN) orientada a capacitar a los trabajadores y a sus hijos, con el propósito de formar cuadros para el desarrollo industrial del país.

Un año después, en el marco del Primer Plan Quinquenal (1947- 1951), el por entonces presidente Juan Domingo Perón firmó, el 22 de noviembre de 1949, el Decreto N° 29.337 que suspendió el cobro de los aranceles universitarios.

Posteriormente, en 1953, el segundo gobierno peronista eliminó el examen de ingreso de las universidades públicas y al año siguiente se sancionó la ley 14.297; primera norma del Congreso que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria. Específicamente, en el capítulo I “De la misión y organización de las universidades”, estableció como objetivo “asegurar la gratuidad de los estudios”.

Los resultados incontrastables de estas políticas se reflejaron en el incremento del número de estudiantes universitarios, que pasó de 51.447 en 1947 a 140.000 en 1955.

Pero, como viene sucediendo desde los comienzos de nuestra organización nacional, el grado de dependencia de ideas ajenas a los intereses nacionales, al sano desarrollo independiente, obstaculizaron la continuidad de las políticas de estado. Y así sucedió con los avances logrados en la educación universitaria que se venían desarrollando a lo largo de casi un siglo. El gobierno surgido del golpe de estado de 1955, autodenominado “Revolución Libertadora”, derogó las leyes universitarias y delegó en las Universidades la facultad de establecer o no aranceles y regular sus políticas de ingreso. La situación se mantuvo hasta 1974 cuando se sancionó la llamada Ley Taiana (impulsada por el ministro de Educación Jorge Alberto Taiana) que repuso la gratuidad y el ingreso irrestricto.

Duró poco. El gobierno del golpe de estado de 1976, autodenominado “Proceso”, quitó nuevamente la gratuidad y el ingreso irrestricto.

Con el retorno de los gobiernos constitucionales en 1983 el presidente Raúl Alfonsín dispuso la eliminación del arancel, los cupos, y, en la mayoría de las universidades, se reimplantó el ingreso irrestricto. En 1984 una ley del Congreso ratificó estas medidas.

Pero -siempre hay un pero- durante la gestión de Carlos Menem, en 1995, el Congreso sancionó una nueva Ley de Educación Superior que habilitaba a las Universidades para aplicar aranceles en los estudios de grado.

Finalmente, recién en 2015 con la presidencia de Cristina Fernández, se sancionó la ley 27.204 modificatoria de la citada ley de 1995 que consagró definitivamente la gratuidad de los estudios de grado universitario.

 

Párrafos para Guardo

Ricardo César Guardo, nacido en Buenos Aires en 1908, odontólogo por la Universidad Nacional de La Plata y luego médico egresado de la misma casa de estudios. Ejerció la docencia universitaria en la UNLP y en 1945 fue elegido Consejero de la Facultad de Ciencias Médicas, representando a los profesores adjuntos, siendo el profesional más joven que como docente de esa casa de estudios llegara a ocupar dicho cargo.

Se involucró en la actividad política de la época. Fue militante radical y tras conocer a Juan Domingo Perón fundó el Centro Universitario Argentino para acercar universitarios al naciente movimiento político. Entre 1946 y 1952 Guardo fue Diputado Nacional por la Capital Federal. Su esposa Lillian Lagomarsino acompañó a Eva Perón en su gira por Europa en 1947.

Tras la sanción de la ley de su autoría en 1947 su estrella se fue apagando. Víctima de las intrigas políticas dentro del propio movimiento pasó al olvido aún cuando siguió en su mandato legislativo hasta 1952.

Los que no lo olvidaron fueron los “libertadores” que tras el golpe de estado de 1955 lo  persiguieron y debió marchar al exilio. Se asiló en la embajada de Haití en Buenos Aires hasta que pudo irse a Chile. Al tiempo fue invitado a dar clases en la Universidad de Belo Horizonte, Brasil.

Vuelto al país, en 1974 fue designado embajador ante la Santa Sede y luego ocupó brevemente el Ministerio de Defensa durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

Falleció en su ciudad natal en 1984.

En la imagen: Ricardo Guardo (de anteojos y bigotes) junto a Carlos Emery, John William Cooke y Raúl M. Salinas