Rubén I. Bourlot
El 18 de
diciembre de 1973, por unanimidad, la Cámara de Diputados de Entre Ríos
sancionaba la Ley 5.437 por la cual el Gobierno tomaba inmediata posesión las
tierras no fiscales de la parte sur de las islas Lechiguanas en el delta del
Paraná que habían sido cedidas a una empresa privada, y declaraba sujeta a
expropiación toda la infraestructura del lugar.
Inversiones extranjeras
La historia
se remontaba a unos años atrás, alrededor de 1969, cuando la provincia era
gobernada de facto por el brigadier Ricardo Favre y la Nación estaba presidida
por el general Juan Carlos Onganía. Hasta estas tierras habían arribado unos
inversores para constituir la compañía Las Lechiguanas S. A. detrás de la cual
se encontraba la británica Deltec asociada al King Ranch de origen
estadounidense que representaba el argentino Juan José Francisco Reynal. Estas
empresas tenían una dilatada presencia en Argentina por sus vínculos con el
poco transparente negocio de las exportaciones de carnes. Eran propietarias de
campos en Argentina y Uruguay, de frigoríficos como el Swift y tenían
concesiones de puertos de exportación. También intervino en el negocio Michael
Phipps, un excéntrico millonario norteamericano que se hizo cargo del manejo
del emprendimiento.
Phipps puso
manos a la obra y encaró la construcción del faraónico dique de 62.835 metros
de longitud que rodeaba 23.479 hectáreas. El objetivo era impedir el ingreso de
las aguas del Paraná al interior de la isla. La obra transformó el paisaje:
dentro del endicado instalaron tres bombas capaces de extraer 16.300 metros cúbicos
de agua por hora, abrieron 14 canales secundarios paralelos y separados entre
sí por 1.500 metros, zanjearon lotes para permitir el paso de agua, construyeron
caminos y pistas de aterrizaje, habilitaron muelles y campamentos con
pretensiones de ser algún día pequeñas aldeas agrarias. En el lugar trabajaron no
menos de 300 personas en la realización del proyecto y datos, siempre
extraoficiales pero aportados por expertos en infraestructura y producción
rural, permiten estimar que se gastaron entre 3 y 5 millones de dólares de
entonces.
Las primeras
actividades realizadas fueron una plantación de álamos y sauces, cultivos de
maíz y el pastoreo de un lote de hacienda para engorde.
Recuperación de la soberanía
Cabe acotar como
antecedente que durante el último tramo de la gestión de Favre se había
iniciado una causa criminal en el Juzgado Federal de Paraná contra el
gobernador de facto y otros ejecutivos del gobierno por incumplimiento de los
deberes de los funcionarios públicos y otros delitos vinculados a la
tramitación del convenio sobre Las Lechiguanas.
Una obra abandonada
En un viaje
realizado en ese mismo año con un grupo de alumnos de la Escuela Nacional
Agrotécnica de Colón pudimos observar la magnitud de las instalaciones y el
estado de abandono que presentaban. En el lugar reposaban enormes grúas,
tractores, bombas de extracción de agua aún sin instalar, automotores y
remolcadores, la mayoría a la intemperie y en franco deterioro. Incluso una
plantación de maíz en estado de madurez permanecía sin cosechar. Si parecía el
paisaje azotado por una bomba de neutrones que había destruido toda forma de
vida.
Pero la
historia no terminó aquí. Tras el golpe de estado de 1976 volvieron a la carga
el grupo Reynal y los herederos de Phipps, que había fallecido en 1973, y
lograron que por un decreto de 1978 se le adjudicara la propiedad. Pronto
reiniciaron las obras con nuevos bríos pero las sucesivas inundaciones fueron
malogrando el negocio. Años después otro actor de turbios antecedentes, el
empresario Victorio Américo Gualtieri vinculado al menemismo, adquirió la
propiedad pero no hizo nada, solo usó esa operación para obtener créditos del
Banco de la Provincia de Buenos Aires que nunca pagó.




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