Rubén I. Bourlot
En la
Argentina, que fue pionera en materia educativa en toda América, a lo largo de
más de un siglo estuvo regida por la ley 1420 (sancionada en 1884). Esta norma
cumplió con su cometido de alfabetizar a los argentinos, integrarlos
socialmente, cohesionar a una población heterogénea como consecuencia de las
oleadas inmigratorias de diverso origen y prepararlos para la vida ciudadana.
“Educar al soberano” era la consigna sarmientina no exenta de prejuicios para
con los sectores sociales más desposeídos del interior. También tuvo una misión
“civilizadora” con la incorporación de contenidos europeizantes, que
constituían el ideal del régimen político y de los intelectuales de la segunda
mitad del siglo XIX.
LA DEGRADACIÓN
DEL SISTEMA
Con el tiempo
la eficiencia del sistema educativo se fue deteriorando. La escuela no acompañó
los cambios económicos y sociales. Se intentaron reformas y parches pero con
escasa efectividad.
Finalmente, y
luego de prolongados debates se logró cambiar la ley 1420 por dos proyectos
aprobados en pocos años – 1993 y 2006 –. La denominada Ley Federal de
Educación, sancionada al calor del veranito neoliberal, resultó un rotundo
fracaso. La actual ley de educación, sancionada en 2006, no termina de consolidarse.
Es un proyecto a medias que no ataca los problemas de fondo. Enmarañada entre
las novedades tecnológicas, las actualizaciones terminan siendo saltos en el
vacío. Poner al día el sistema no consiste en incorporar material sin objetivos
concretos, sin capacitación del personal docente y con serios baches en la
conectividad.
El nivel
secundario, en particular, termina siendo un sistema de acreditación de cursado
que no certifica la apropiación de saberes. Con 180 días de clases, el
porcentaje mínimo de asistencia del alumno y los correspondientes exámenes
demasiado formales para convalidar un aprendizaje real se otorgan títulos. Pero
la realidad es muy otra. Lo que se promociona como “inclusión” en el sistema
termina siendo la futura exclusión del mundo del trabajo y de la universidad
por la magra preparación recibida.
Por cierto, no
todo es fracaso. Hay docentes capacitados y con gran compromiso, alumnos que se
esfuerzan y superan ampliamente las expectativas, establecimientos educativos
que llevan adelante proyectos innovadores y exitosos. Los resultados que
observamos en las ferias de ciencias, en los olimpíadas de las distintas
disciplinas donde estudiantes de instituciones de todo el país, y de sectores
sociales vulnerables, compiten con solvencia. Lo preocupante en la media, los
estudiantes que no pueden avanzar dentro del sistema y los que, como se
menciona más arriba, acreditan formalmente.
¿Por qué no
hacer un estudio de los modelos que lograron superar los fracasos y
generalizarlos? Este conocimiento empírico puede ser mucho más valioso que
todas las teorías sobre innovación educativa.
Es hora de
pensar en una nueva escuela con un criterio innovador y audaz, como lo hicieron
quienes crearon la Ley
1420. La educación debe ser prioridad absoluta y por ello no se deben escatimar
esfuerzos presupuestarios, con la convicción de que se trata de una inversión
con resultados inmediatos y futuros.
TEORÍA Y
PRÁCTICA
Uno de los
modelos que merecen ser estudiados con detenimiento, es el de la educación
técnica, que en la Argentina comenzó a implementarse en los primeros años del
siglo XX (después del fallido intento del Ministro de Instrucción Pública
Osvaldo Magnasco), que es socialmente bien valorado. A pesar del descalabro que
sufrió la educación técnica a partir de la derogada Ley Federal de Educación
(1993), desarticulada por motivos ideológicos y económicos, continúa siendo,
luego de su recuperación en la primera década del siglo XXI, un ejemplo de
aprendizaje a partir del hacer. La fusión de lo teórico con lo práctico tiene
más que probada efectividad.
LO VIEJO
FUNCIONA
¿Por qué no
tomar el modelo y extrapolarlo a todo el nivel? Un secundario, o como se le
llame, donde el aula y el taller interactúen con horarios extendidos. No nos
referimos aquí a las conocidas “prácticas laborales” o de ambientación, sino de
auténticos talleres curriculares para todas las modalidades, como sucede con la
educación técnica. Se dirá que se incrementarán los costos. Sí, pero como una
antigua publicidad de televisores: caro pero el mejor.
Se deberá
garantizar una educación de calidad para todos los habitantes,
independientemente de su ubicación geográfica, en nivel socioeconómico, etc.
No deberá
haber diferencias entre escuelas del centro y de la periferia. El estado debe
asegurar la educación mediante el sistema público estatal y complementariamente
a través de iniciativas educativas no estatales. Se aplicarán medidas
compensatorias para sectores con carencias de aprendizaje y económicas. Se
garantizarán las mismas posibilidades para los sectores rurales.
Los diseños
curriculares de todos los ciclos se deberán articular a partir del conocimiento
de la realidad inmediata y concreta, partiendo de lo local, regional,
latinoamericano y universal. Se ofrecerá una formación humanística y la capacitación
específica para la inserción en el mundo del trabajo y el acceso a la
universidad.
El sistema se
centralizará en el sujeto que “aprende” de la familia, de la comunidad, de las
instituciones y del docente que facilita y aporta sus saberes. Se sustituirán
conceptos como escuela “primaria”, “secundaria”, “media” por una estructura de
Educación Obligatoria conformada por tres ciclos: Aprendizaje preescolar (desde
los 45 – 60 días hasta los 5 - 7 años), Aprendizaje Básico (de aproximadamente
los 6 años de duración) y Aprendizaje Orientado - Especializado (de
aproximadamente 6 años de duración). De carácter no obligatorio será el ciclo
de Formación Profesional Universitario. El ciclo de Aprendizaje Orientado -
Especializado comprenderá escuelas especializadas en las modalidades Técnica,
Agrotécnica y Administración contable; y orientadas en las modalidades
Humanística, en Ciencias Naturales, Artística y complementarias: de adultos,
especial, etc.
Se suplantará
la educación graduada por una estructura de niveles, seis en cada ciclo, que el
alumno irá superando a medida que logre objetivos, independiente del tiempo. Se
sustituyen los bimestres, trimestres por módulos de aprendizaje. De esta manera
se respeta el ritmo de aprendizaje de cada persona y se eliminan los
recuperatorios, los exámenes previos y la repitencia.
Estos cambios
irán acompañados por modificaciones en el régimen docente: se implementará el
sistema de docentes por cargo – eliminándose el régimen de horas cátedra - con
dedicaciones y se incorporará la figura de maestro y profesor integrador y la
del alumno ayudante.
En forma progresiva se implementará el
sistema de Aulas temáticas específicas de cada asignatura o área de asignaturas
afines. Por lo tanto las comisiones de alumno/as no tienen un aula sino que
rotan por las distintas salas.
Los docentes
de todos los ciclos tendrán un régimen escalafonado conformado por ocho
categorías. El docente ingresa en la categoría inicial (1) y puede ascender una
categoría cada tres años concursando con su credencial de puntaje, siempre que
haya sumado un puntaje predeterminado que implique la realización de
capacitación y actualización. La capacitación será requisito para los ascensos
y el estado la garantizará y bonificará con el pago horas cátedra.
Se asegurará
una asignación por escolaridad y la ayuda escolar anual que cubra una canasta
escolar que comprenderá los costos de útiles y vestimenta escolar. Estas
asignaciones que perciben los empleados en relación de dependencia se
extenderán a los sectores de bajos recursos sin empleo formal o
cuentapropistas.
Los comedores
escolares dejarán de estar a cargo de personal docente y se reemplazarán por un
Servicio de Asistencia Escolar anexo a cada establecimiento, que comprenderá
comedor, servicio de enfermería, vacunador y guardería.
El gobierno
del sistema estará a cargo de consejos escolares, consejos departamentales,
consejos provinciales y un Consejo Federal de Educación, todos conformados por
representantes del gobierno, de los docentes, padres y estudiantes. En las
provincias y a nivel país el organismo educativo tendrá el rango de ministerio.
La elección de
los miembros en representación de docentes, padres y estudiantes de los
consejos en los distintos niveles se realizará mediante asambleas, primero en
forma directa a nivel establecimiento y en las siguientes instancias mediante
asambleas de delegados.
