Un artículo publicado en la edición de la revista Qué del 12 de septiembre de 1946, bajo el título “Dos matemáticas distintas. La Reforma, los Impuestos a la Tierra y los Ganaderos” nos deja un interesante testimonio sobre la política agropecuaria del peronismo en sus inicios. La siguiente es la transcripción completa
31.000 propietarios con 750.000 hectáreas, frente a 140 propietarios con 1.528.000. Esta es la realidad de la distribución de la tierra en Entre Ríos, provincia densamente poblada: 11 habitantes por kilómetro cuadrado (cifra que superan solamente Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires). Los grandes propietarios dedican sus extensiones de campo a la cría de ganado: 2.773.159 vacunos, 2.475.015 lanares y 603.050 caballares.
Los ganaderos entrerrianos han entrevistado, en nutrida delegación, al gobernador de la provincia, Héctor Maya (ex dirigente estudiantil y ex dirigente de la fracción disidente del radicalismo: F. O. R. J. A.), para pedirle que revise los proyectos sobre reforma impositiva enviados por el P. E. a la legislatura. En la caravana ganadera, integrada por 150 personas, estaban Hueyo, ex ministro de Hacienda del general Justo; Predolini Parera, ex candidato a vicegobernador del Partido Demócrata Nacional; Carlos Mihura, candidato a diputado en la lista de la Unión Cívica Radical, Procedían de la capital, de los distintos puntos de la provincia y de los estados limítrofes. Previamente se habían concertado en el Hotel Castelar de la capital, citados por la Confederación de Sociedades Rurales, y visitaron a los representantes entrerrianos en el Senado nacional, al ministro de Agricultura, al presidente del Banco Central y al vicepresidente de la República.
Reforma fundamental
Ya en presencia del gobernador hicieron entrega del memorial, y el doctor David Lujan expuso los puntos de vista de los ganaderos sobre los proyectos de ley del gobernador. Por su parte la prensa oficialista hostilizaba a los visitantes. El diario "La Provincia" escribió: "La oligarquía está contra la reforma impositiva".
Los proyectos del Poder Ejecutivo que impugnan los ganaderos son tres. El primero cambia la contribución directa rural; el segundo modifica el régimen impositivo de marcas y señales; el tercero aumenta el impuesto y las transacciones de hacienda. En cada caso los ganaderos se oponen a las reformas que quiere introducir el gobernador.EJ nuevo régimen de contribución directa rural establece: a) una nueva valuación de los predios rurales, que deberá renovarse cada diez años; b) libera de impuesto a las propiedades menores de 20 hectáreas; c) establece un impuesto anual en escala progresiva, tomando como índice la extensión del terreno: 4 por mil del valor para campos de 20 a 100 hectáreas, de 10.000 hectáreas en adelante el 28 por mil; d) los bienes indivisos son considerados como pertenecientes a un solo individuo, como en la ley vigente; e) recarga con un 50 por1 ciento el impuesto para propietarios ausentes de la provincia. El gobernador apoya la reforma con estos argumentos: la actual valuación vieja no sirve, data de 1929; la escala vigente para el impuesto no distingue bien entre los grandes predios y las pequeñas propiedades. Con los nuevos impuestos el presupuesto provincia elevará a 60 millones de pesos, contra los 43 millones actuales. "La Prensa" del 5 de septiembre señala, criticando la política impositiva del gobierno de Maya, que antes de 1942 era sólo de 25 millones. El gobernador señala en sus declaraciones, que en el presupuesto actual cada habitante paga $ 48,50, menos que en la mayor parte de las provincias.
Los ganaderos, propietarios de grandes extensiones, refutan los fundamentos de la reforma: a) la escala impositiva no debe establecerse sobre la extensión sino sobre el valor de los campos. Alegan que en Entre Ríos hay tierras anegadizas o improductivas que sólo se explotan por el cariño comprensible de hombre por su tierra natal; o) el impuesto se aplica, teóricamente, sobre la tierra libre de mejoras, es decir, considerando su productividad. Sin embargo, se gravan más las tierras improductivas en función a su extensión; c) la legislación se contradice al considerar como de un solo propietario los bienes indivisos, mientras que los efectos del ausentismo se consideran por separado a todos los condóminos; d) el proyecto atenta contra la propiedad privada, pues el impuesto del 2 por mil sobre 10.000 hectáreas significará la desvalorización de la tierra, absorberá la renta de la propiedad, nadie querrá ser propietario, etc. A esto responde Maya en sus declaraciones iniciales: Hay que procurar la división del latifundio, pero en extensiones adecuadas para no caer en el mal contrario: minifundio.
También son objetadas
La ley de Marcas y Señales data de 1918. El P. E. entiende que sobre ser anticuada está reñida con la equidad. Su estructura es muy simple: los propietarios de menos de cuarenta animales pagan 25 pesos por el título de marca; los que tienen más de 40, 50 pesos. El título tiene una vigencia de 10 años. El proyecto, en cambio, establece una escala en cuyo extremo inferior libera de gravamen al que no posee más de cinco cabezas, y en el superior aplica un impuesto de $ 20.000 a quien tenga 12.000 animales. El régimen de señales es cambiado en la misma proporción(*).
Los ganaderos, por su parte, manifiestan que la nueva ley 110 es clara, ya que no especifica si se grava el número de cabezas que pasan por el campo durante un año o el número mayor reunido simultáneamente. Aplican la matemática a sus intereses y declaran que siguiendo el primer criterio, el aumento del impuesto resulta de un 40.000 por ciento; añaden que en épocas de desvalorización, el impuesto resultará confiscatorio (en 1922 los novillos valían $ 5). Por último, la marca no puede ser considerada impuesto, sino como tasa.
Tampoco hay acuerdo en cuanto al gravamen sobre las transacciones de hacienda. El P. E. establece en su proyecto pequeños aumentos sobre el sistema vigente. Razón: la prosperidad actual de la ganadería: Los ganaderos contestan con un argumento indirecto: el aumento quedará a cargo, en definitiva, de los consumidores, aunque el que lo soporte en primera instancia será el comprador. A mayores transacciones más caro será el producto.
Destino de los nuevos recursos
El gobernador Maya declaró al asumir el gobierno de Entre Ríos que haría caminos y que perseguiría el latifundio mediante impuestos progresivos. Luego, en el mensaje a la legislatura puntualizó esos propósitos. Anunció que invertiría cien millones de pesos en ampliar la red caminera. Entre Ríos no tiene sino 30 Kms. de rutas hormigonadas. Declaró que había que crear trabajo para todos los habitantes, industrializando la provincia; anunció numerosos proyectos de construcción de establecimientos fabriles que sirvan para la industrialización de la materia prima producida por la provincia. Se ocupó ampliamente del problema del agro, reiterando su propósito de combatir el latifundio. Declaró que en justicia social llegará al campo durante su gobierno. Se propone realizar una política colonizadora que dote al hombre de campo del pedazo de tierra que cultiva. Todo su programa requiere para realizarse una reforma del régimen impositivo que permita aumentar los recursos de la provincia.
En la Legislatura
Los distintos proyectos contaron con el apoyo del sector peronista; radicales y conservadores sostuvieron que la escala de la contribución directa rural debió hacerse atendiendo el valor de la tierra y no a su extensión. En cuanto al nuevo régimen de transacciones de haciendas, fue objetado por considerárselo muy elevado, ya que registra un aumento del 150 por ciento sobre el canon anterior.
El gobernador apoya con entusiasmo sus proyectos y refuta a quienes lo tildan de extremista. En su entrevista con los ganaderos manifestó que su gobierno no "estaba en una posición anticapitalista; que estaba, eso sí, contra los capitalistas que efectúan una explotación egoísta y sin alma del trabajo humano, pero no contra el capital que es riqueza acumulada".
