Rubén I. Bourlot
El 14 de agosto de 1852 el Director Provisorio de la Confederación, general Justo José de Urquiza, dictó una resolución mandando devolver al general Juan Manuel de Rosas los bienes que le habían sido confiscados inmediatamente a su caída del gobierno. Hacía pocos meses que ambos se habían enfrentado en la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852).
Para muchos les resultará curioso un hecho
que no suele destacarse cuando se divulga nuestra historia. La interpretación
de los acontecimientos del pasado no siempre respeta lo que realmente
aconteció. Muchos historiadores y divulgadores ofrecen una visión sesgada,
desde sus propios prejuicios, de los sucesos y de las conductas de los
protagonistas, que deforman la comprensión del pasado.
La batalla de Caseros que fue la culminación
de un proceso iniciado un año antes, el 1 de mayo de 1852, con el llamado
“Pronunciamiento” de Urquiza que desconocía el liderazgo de Rosas sobre todas
las provincias de la Confederación Argentina. Y también era la clausura de dos
décadas vigencia de un gobierno de pactos interprovinciales que reconocían a
Restaurador la administración de los asuntos exteriores del país, de los
negocios de paz y guerra y la distribución de los ingresos de la aduana de
Buenos Aires. Faltaba la organización constitucional y un gobierno nacional que
reemplazara al precario sistema pactista. Rosas dilataba, con la excusa de que
primero había que pacificar el país, la promesa de convocar al Congreso General
Federativo dispuesta por el Pacto Federal de 1831 con el objeto de sancionar
ese “cuadernito con el nombre de constitución”, como decía. El reclamo fue
madurando, empezaron a tallar los liderazgos de las demás provincias hasta que
encontraron en Urquiza al artífice de la organización.
Caseros y los vengadores
La derrota de Caseros trajo como consecuencia
la renuncia de Rosas y su exilio en Inglaterra. El flamante gobernador
provisorio de Buenos Aires designado por Urquiza, Vicente López y Planes (el
mismo autor del Himno Nacional), se apresuró en confiscar todos los bienes del
caído en desgracia, sin atender el tan meneado derecho inviolable la propiedad.
El 16 de
febrero de 1852 firmó un
decreto por el que los bienes del Restaurador eran apropiados por la provincia, que se comprometía a
administrarlos hasta tanto la legislatura resolviera qué iba a hacer con ellos. “Todas
la propiedades de todo género pertenecientes a don Juan Manuel de Rosas,
existentes en el territorio de la provincia, son de pertenecía pública”,
disponía en el artículo 1º.
López
había tenido una actuación política muy cercana a Rosas: desde 1829 hasta 1852
desempeñó diferentes cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia
de Buenos Aires. No obstante, bajo su ala, se encontraba el acérrimo
antirrosista Valentín Alsina en el ministerio de Gobierno.
Meses
después, renunciado López, Urquiza a cargo del gobierno de Buenos Aires dictó la
resolución del 14 de agosto en cumplimiento de lo dispuesto el día 7 del mismo
mes que dejaba sin efecto, y prohibía para lo sucesivo, toda confiscación de
bienes por causas políticas. Estas medidas eran coherentes con el espíritu de
las “Bases” que había redactado Juan Bautista Alberdi para proyectar la Constitución Nacional que consagró en 1853 precisamente: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley” y “la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código
Penal argentino”.
La gratitud de Rosas
Cuando
Rosas, en su exilio inglés, se enteró de la buena nueva inmediatamente le
dirigió una carta de agradecimiento a Urquiza, fechada en 3 de noviembre de
1852, donde le decía que “¿Al registrar la historia esos hechos ilustres de
elevada generosidad, de rectitud y de justicia, podré excusarle esta
declaración? No, señor, porque amo a mi patria, no soy injusto y no debo ser
ingrato.”
Urquiza le respondió el 18 de marzo de 1853,
desde San Nicolás, expresando que “ha sido un acto de rigurosa justicia, que
ejercí en conformidad con mis más íntimas convicciones, y demasiado me creo
retribuido por él, con que Vd. lo aprecie y me manifieste su gratitud”.
Todo parecía saldado en los dos caudillos
separados por una generosa distancia que garantizaba una marcha tranquila hacia
la organización nacional. Pero la ruptura de Buenos Aires tras el levantamiento
del 11 de septiembre y el posterior intento de invasión a Entre Ríos para
bloquear el desarrollo de la Convención Constituyente, que había iniciado sus
sesiones a fines de ese año, dejó el campo libre para el retorno del unitarismo
antirrosista al gobierno de esa provincia.
En 1857 Valentín Alsina accedió a la
gobernación de la separatista Buenos Aires y dispuso inmediatamente una nueva
confiscación mediante la Ley Nº 139: “Declaración de reo de lesa patria y
confiscación de los bienes de Juan Manuel de Rosas” y autorizaba “al Poder
Ejecutivo para la venta en pública subasta, de las tierras” de su propiedad.
Enterado el presidente Urquiza de este nuevo
atropello le escribió a Rosas desde Paraná, el 24 de agosto de 1858,
ofreciéndole ayuda: “Yo y algunos amigos de Entre Ríos estaríamos dispuestos a
enviar a Vd. alguna suma para ayudarlo a sus gastos, si no nos detuviera el no
ofender su susceptibilidad, y le agradecería que nos manifestara que aceptaría
esta demostración de algunos individuos que alguna vez han obedecido a sus
órdenes. Ello no importaría otra cosa que la expresión de buenos sentimientos
que le guardan los mismos que contribuyeron a su caída, pero que no olvidan la
consideración que se debe a lo que ha hecho tan gran figura en el país, y a los
servicios muy altos que le debe, y que soy el primero en reconocer, servicios
cuya gloria nadie puede arrebatarle, y son los que se refieren a la energía con
que siempre sostuvo los derechos de la soberanía e independencia nacional”.
Rosas de nuevo le agradeció, a través de una
carta que le dirigió por intermedio de Josefita Gómez el 7 marzo de 1858, donde
le manifestaba que “lo poco que tengo se lo debo al general Urquiza ¿Cómo así
podía dejar de serle perdurablemente agradecido?”
Muchos años después vino la reivindicación
material que Rosas no puedo ver. Tras un prolongado proceso judicial llevado a
cabo por su hija Manuelita Rosas de Terrero por la que reclamaba los bienes
apoderados, la Corte Suprema de Justicia, en 1884, ordenó la devolución de
parte de los mismos que habían pertenecido a su madre Encarnación Ezcurra.
Y pasado más de un siglo, con todo el bagaje
de la revisión de los acontecimientos del pasado, llegaba la reparación
mediante la Nº 8134 de fecha 30 de octubre de 1973 que ordenaba “derógase
expresamente la ley Nº 139 del 28 de julio de 1857 dictada por una pasión
antiargentina, no obstante la notoria ilegalidad de la misma”.
Como se puede observar, más allá de las
disputas políticas, los valores humanos se filtraban entre los intersticios que
dejaban las ambiciones y la sed de venganza. Es un ejemplo que hoy tiene plena
vigencia y merece ser enseñado a las nuevas generaciones.
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Casco de la Estancia
del Pino, hoy Museo Brig. Gral. Don Juan Manuel de Rosas
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