Por Rubén Bourlot
En 1974, alentado por los nuevos aires institucionales, con
la recuperación de la democracia, el gobierno de Entre Ríos implementó el Plan
Integral de Reconstrucción y Nacionalización Avícola (PIRNA) que pretendió, junto a las cooperativas,
mejorar las condiciones de trabajo de los avicultores, específicamente a los productores de pollos parrilleros, y ofrecer un precio justo.
Conocido también como Plan Avícola Provincial intentaba defender al productor
avícola pequeño y mediano, dándole un horizonte de seguridad con financiación y
asesoramiento, mediante equipos técnicos, apoyo en la comercialización y un
margen de rentabilidad razonable. A principios de la década de 1970 el sistema de producción avícola se encontraba en un proceso de cambios por los cuales los frigoríficos planteaban la producción mediante la modalidad de integración. El avicultor recibía los pollitos y los insumos para la crianza y cobraba un monto por pollo entregado terminado. De esta manera iban desapareciendo los productores independientes que ya no encontraban donde colocar su producción.
Se decía en la época que a la avicultura no sólo se la
debía valorar desde el punto de vista estrictamente económico, que representaba
un porcentaje muy alto del producto bruto provincial, sino como un factor
social. La producción avícola significaba el arraigo de la familia rural en una
época que Entre Ríos se caracterizaba por sus altos porcentajes de emigración
rural y expulsión de la población fuera del territorio provincial. “El Plan
Avícola incluye a la avicultura como parte de un programa de recuperación del
minifundio, donde van a intervenir principalmente actividades intensivas y
donde también están ligados planes de colonización – declaraba el entonces
Subsecretario de Industria y Comercio, González Languasco -. El plan va mucho
más allá de la avicultura, tiene connotaciones directas con el pequeño
productor y con la familia campesina, que en estos años se quedó enfrentando la
adversidad, defendiendo su permanencia en la tierra”.
El plan pretendía involucrar a organismos, instituciones y
empresas vinculadas a la actividad, entre los que se mencionaban a las Ligas
Agrarias, cooperativas, frigoríficos, fábricas de alimentos balanceados,
incubadores, transportistas, el INTA, SELSA, Junta Nacional de Carnes, Banco de
la Nación, Banco de Entre Ríos, entre otros. El objetivo era lograr una
producción de un millón y medio de pollos mensuales con financiamiento del
Banco de la Nación entregado a los productores. La compra de la producción
estaba a cargo de un organismo gubernamental.
Pero los propósitos tan plausibles no estuvieron,
aparentemente, acordes con las expectativas. A los pocos meses de implementado
el plan se conocieron los primeros cuestionamientos y desajustes entre los
sectores involucrados. Desde el cooperativismo reclamaban por la falta de pago
de la producción en los términos acordados y por la demora en levantar los
pollos terminados de las granjas. Una de las medidas adoptadas con el propósito
de favorecer el valor agregado local fue la prohibición de sacar de la
provincia los pollos vivos, pero esto provocó una sobreoferta que los frigoríficos
locales eran incapaces de absorber.
Los productores testimoniaban su preocupación a través de
entrevistas en la prensa, como Pablo Thea, del departamento Uruguay, que
observaba la mala calidad de los alimentos y las dificultades para encarar las
inversiones que les exigían para mejorar
las instalaciones. Los productores
Daniel y Victorio Boujón ponían el acento en las dificultades para conseguir
pollitos bebé a través del plan. Otro avicultor, Julio Kachinisky, también
cuestionaba la falta de cumplimento de los pagos en fecha y la calidad del
alimento balanceado.
Desde las Ligas Agrarias Entrerrianas, el delegado Orlando Lepratti también observaba como un
obstáculo las exigencias de inversión que eran imposibles de cumplir para los
pequeños productores. También era evidente que los hombres de campo eran
remisos a tomar los créditos ofrecidos para ese fin ya que nadie los mencionaba
en las entrevistas.
Sin dudas que la desconfianza del avicultor, la falta de
experiencia y eficiencia por parte de los sectores involucrados y alguna que
otra mano dada por los grupos de poder vinculados a las grandes empresas del
sector fueron limando las posibilidades de éxito del plan. Finalmente, con tras
el golpe de estado de 1976, el PIRNA se canceló definitivamente.
