8/9/25
La plaga bíblica de la langosta
4/9/25
El misterioso auto que se fabricó en Paraná
Rubén I. Bourlot
En publicaciones
anteriores nos referimos a los intentos de desarrollar
la industria automotriz de origen nacional en el país y en particular en Paraná
con la experiencia del camión liviano Feresa que la firma Losi fabricaba en su
planta ubicada en el parque industrial “Manuel Belgrano”. Pero antes de esta
iniciativa empresaria hubo otra que pretendió de llevar a cabo la fabricación
de una serie de automóviles, localizada también en Paraná, destinada a
insertarse en el mercado nacional.
A principios de la década
del ’60, cobijado por del Régimen de Promoción Automotriz creado por un decreto
del entonces presidente Arturo Frondizi, se comenzó el montaje de una fábrica
de automóviles en Paraná de la que quedan escasos indicios en los archivos y en
la memoria de los vecinos de la ciudad. El proyecto fue aprobado por una
resolución del gobierno nacional el 11 de diciembre de 1959.
El empresario había
acordado un convenio con la compañía Heinkel DgmbH que fabricaba los motores, y
Bellino y Cía que proveería las carrocerías, ambas de origen alemán ubicadas en
la ciudad de Göppingen. Los alemanes se comprometieron a invertir en el
proyecto 1.200.000 dólares cada una.
El automóvil que se iba a
fabricar era un miniauto de bajo consumo, muy en boga en la época, con una
identidad local como los recordados De Carlo, Isetta e Isard. Tal vez era el
inicio de una industria automotriz con el mismo método que estaban utilizando los
coreanos del Sur, que arrancaron su industria adaptando y copiando modelos
europeos. Para esa época se había cancelado la fabricación de automóviles
nacionales de la empresa estatal IAME y sólo había sobrevivido el Rastrojero.
El modelo que se copiaba
era Champion Maico 400 europeo, modelo 1955, que aquí se denominó Alcre Susana
500 con un motor bicilíndrico de dos tiempos y 452 centímetros cúbicos que consumía
seis litros de combustible cada 100 kilómetros. También se proyectó la
fabricación de otro modelo denominado Sport Luis 700, una coupé convertible de
dos asientos impulsada por un motor de tres cilindros de dos tiempos y 677 centímetros
cúbicos que alcazaba una velocidad de 130 Km/h. Los nombres correspondían al de
los hijos de Credidio: Susana y Luis.
Una publicidad prometedora
Con una intensa campaña
publicitaria a fines de 1961, inserta en los principales diarios y periódicos
especializados del país, se promovía la compra del Alcre donde se anunciaban
las características del vehículo, sus precios y planes de financiación.
“El desembarco en el
mercado del Alcre Susana llegó de la mano de una promoción irresistible.
‘¡Usted lo necesita! $198.000 únicamente los primeros 1.000 automóviles.”
Finalizada la oferta el
valor sería de $230.000. Además se ofrecía una financiación a 30 meses, con la
entrega asegurada en 120 días. En tanto el Sport Luis 700 tenía un precio de
310.000 pesos.
La publicidad gráfica
tenía como eslogan: “El más grande entre los chicos, un gigante en los malos
caminos”. La folletería mostraba a las unidades como un auto familiar incluso
con mujeres conduciéndolos para poner en relieve la versatilidad del vehículo y
también lo publicitaba como “El coche argentino para el pueblo argentino”.
Para la promoción se
fabricaron prototipos que se exhibieron en distintos lugares del país. Según
información disponible se llegaron a reservar 470 unidades que habrían abonado
una seña de $ 50.000.
Qué pasó luego es todo un
misterio. No se construyeron más que los prototipos de los cuales hoy no se
conoce su destino. El hecho es que los 470 clientes que tuvieron intenciones de
adquirirlo se quedaron sin su auto y no se conoce qué pasó con la seña que habrían
abonado. Se supone que con este número de reservas no era suficiente para
iniciar la fabricación en serie o que tal vez las inversiones prometidas por
los empresarios alemanes nunca llegaron a concretarse. Pero lo cierto que el
dato de las 470 reservas solamente están documentadas en la publicidad de la
empresa.
Para tratar de explicar
el fracaso del proyecto el artículo citado concluye que “el mercado automotor
de entonces no escapaba a los años convulsionados de la Argentina. Aquel
contexto, sumado a otros modelos económicos de marcas importantes disponibles
en los concesionarios, combinaron el peor escenario para los vehículos de
Alcre.”
La fábrica de Paraná
Según algunos testimonios
de la zona y otros recopilados por Juan José Batistutti, el local de la fábrica
sería el amplio galpón que hoy en parte ocupa la municipalidad de Colonia
Avellaneda, donde funcionan depósitos y el Centro Comunitario Nº 15. El mismo
tiene superficie cubierta de aproximadamente 20 metros de frente por 50 de
fondo, gran parte en condiciones ruinosas y otras construcciones más pequeñas
al fondo de un terreno muy generoso.
Imágenes: publicidad del automóvil Alcre y la posible localización de la fábrica.
2/9/25
Una carta de Napoleón III al presidente Urquiza
Rubén I. Bourlot
En marzo de 1854
Justo José de Urquiza asumía como primer presidente constitucional de la
Confederación Argentina. El 3 de septiembre de ese año recibía una carta de
salutación del entonces emperador francés Napoleón III (Luis Bonaparte).
Antes de
adentrarnos en el texto de la misiva al flamante presidente argentino revisemos
quién era el notable remitente.
De su modo
de concebir la política se acuñó la categoría bonapartismo que fue analizado y
desarrollado por Carlos Marx y Federico Engels, quienes lo utilizaron para
describir regímenes políticos donde un líder personal se eleva por encima de
las clases sociales en pugna, que surgen en contextos de crisis y polarización.
A Otto Von Bismarck el canciller de hierro alemán, buen ejemplo de conducción
bonapartista, se le atribuye la frase: "todo hombre es tan grande como la
ola que ruge debajo de él". Bien pudo haberla dicho porque es un ejemplo
claro de lo que es el bonapartismo.
Una carta
El 3 de
septiembre de 1854 Urquiza recibía la conceptuosa misiva de Napoleón III donde
le decía:
“Muy querido
y buen amigo, no puede dudar del interés con el cual hemos recibido la carta
que nos ha recitado para hacernos parte de su elección a la presidencia de la
Confederación Argentina, es con placer que le dirigimos, en esta
correspondencia, nuestras más sinceras felicitaciones: la alta marca de
confianza de su país viene de sus honores, es la verdad, una tarea difícil que
el queda (a usted) por cumplir; pero su pasado es garantía de porvenir; bien
prevemos que para usted será esclarecida. Usted sabe mantener la paz por dentro
y por fuera, y hacer fluir la prosperidad pública. Para nosotros, que seguimos
con simpatía los esfuerzos que hace en su debut. Tendremos siempre a gusto el
multiplicar las relaciones de buena armonía establecidas entre Francia y la
Confederación Argentino, y nos será constantemente agradable darles pruebas de
nuestra estima y de nuestra particular afección. Sobre todo, le pedios a Dios
que le ayude, muy querido y buen amigo en la anta y digna guardia.
Escrito en
el campo de Boulogne el 3 de septiembre de gracia 1854."
Su amigo,
Napoleón.”
La copia de esta carta fue hallada por Carlos A. Peralta Ramos, tataranieto de Urquiza, en un escritorio que había pertenecido a su bisabuela Flora de Urquiza Costa de Soler y Soler, y a él debemos su traducción del francés.
30/8/25
Trabajo, industria y protagonismo del Estado en la constitución entrerriana de 1933
Rubén I. Bourlot
En 1933 Entre Ríos
reformó su constitución e introdujo en su texto un conjunto de normativas de
avanzada para la época que contemplaba los derechos de los trabajadores, la
estabilidad de los empleados estatales, incluida la docencia, y el fomento de
la industria. Para Arturo Sampay “en su parte dogmática tiene en cuenta los
derechos sociales del hombre y traza un amplio plan de legislación obrera…”
La iniciativa de reformar la constitución provincial de Entre Ríos correspondió al gobernador Herminio J. Quirós que en enero de 1931 firmó un decreto remitiendo a la Legislatura el proyecto de Ley que declaraba la necesidad de la reforma. El fallecimiento prematuro del primer mandatario, el 11 de septiembre de ese año, dilató la sanción de la ley que finalmente se concretó en febrero de 1932, bajo el número 2883, ya en la gobernación de Luis L. Etchevehere.
El proyecto de reforma
excluía de las modificaciones los “principios vigentes sobre representación de
las minorías en las elecciones de los diputados y municipales, sobre gratuidad,
laicidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, sobre sufragio universal y
sobre el sistema bicamarista en la organización del Poder Legislativo.” Debemos
acotar que los principios sobre la educación primaria se habían introducido en
la reforma constitucional de 1883 lo que también convertían a la citada versión
de nuestra ley suprema en pionera.
La Convención fue convocada
para el 15 de septiembre de 1932 con un plazo para sus sesiones de seis meses.
El cuerpo se componía de tres representantes por circuito electoral y el cargo era
honorífico. Posteriormente las sesiones fueron prorrogadas hasta el 30 de mayo
de 1933 y nuevamente extendidas hasta agosto cuando se sancionó la reforma con
fecha 18 de agosto y entrada en vigencia a partir del 15 de septiembre.
Eduardo Laurencena
presidió la Convención y tuvieron destacada actuación Miguel Aguirrezabala,
Arturo J. Etchevehere, Héctor Ardoy, Alberto Méndez Casariego, Enrique Acebal, que propuso introducir el juicio por jurados
(recién establecido por ley en 2019), y Atanasio Eguiguren por el radicalismo.
Por el Partido Demócrata (conservadores) fue relevante la actuación de Juan
Labayen, Justo G. Medina, Max Consoli, promotor del sufragio femenino como
veremos más adelante, y José Benjamín Gadea.
Entre las reformas
introducidas se amplió el recurso de habeas corpus (propuesto por el
convencional Gadea), comprendiendo todas las garantías establecidas en las
constituciones nacional y provincial o las leyes, asegurando además la máxima
celeridad en el procedimiento. Estableció la estabilidad de los empleados
públicos provinciales y municipales. Incorporó toda una sección denominada Régimen
económico y del Trabajo que le otorgaba al Estado un papel protagónico en la promoción
del bienestar económico y social de la colectividad para lo cual se obligaba a
fomentar y proteger la producción y, en especial, las industrias madres y las
transformadores de la producción rural, mediante, entre otros medios, la concurrencia
en la formación de capitales.
EL TRABAJO Y LA FAMILIA
También dispuso que se
reglamente, por leyes especiales, las condiciones del trabajo de los obreros y
empleados. Ordenó que se reglamente la jornada y seguridad del trabajo con
relación a la exigencia de la vida higiénica y a las condiciones del trabajo
industrial y de las faenas agropecuarias, los seguros y el socorro mutuo y
demás formas de previsión y asistencia social, el salario mínimo para los
obreros del Estado, en base al costo de la vida, la inembargabilidad del hogar
de familia, la construcción de viviendas de interés social, el asociacionismo
gremial y los tribunales de arbitraje, para resolver los conflictos entre
patrones y obreros.
Estableció la creación
del Tribunal de Cuentas para controlar la percepción y la inversión de las
rentas con integrantes inamovibles. Con respecto a la administración de justicia,
estableció la inamovilidad de todos los funcionarios letrados de la misma,
desde la fecha de su nombramiento, pudiendo ser removidos sólo por juicio
político o por el Jurado de enjuiciamiento.
En el régimen municipal
se reforzó la autonomía de los gobiernos locales retomando el texto
constitucional de 1883 que había sido anulado en la reforma de 1903.
EDUCACIÓN Y VOTO FEMENINO
El nuevo texto
constitucional incorporó un extenso capítulo sobre la educación común. Además
de los principios citados anteriormente definía que “la enseñanza común será de
carácter esencialmente nacional y se propondrá, como fin primordial, dirigir y
fortalecer, gradual y sistemáticamente, el desarrollo moral, intelectual y
físico del educando”. Disponía la
sanción de leyes para reglamentar el escalafón y la estabilidad de los
trabajadores de la educación. Por otra parte preveía que el “fondo de la
educación común estará formado por el veinticinco por ciento, como mínimo, de
las rentas generales de la provincia y con los demás recursos que se
establezcan.”
El voto de la mujer fue
reconocido “en el orden provincial o municipal, o en ambos a la vez, podrá ser
hecho por la Legislatura con carácter facultativo u obligatorio.” Esta
disposición trasluce los debates que se dieron en el seno de la Convención que
no logró imponer el sufragio femenino por la oposición de la mayoría de los
constituyentes con argumentos que hoy nos parecen irrisorios. En soledad el convencional
Max Consoli, del Partido Demócrata Nacional, fue quién lo propuso: “Si la mujer
en Entre Ríos está capacitada para ejercitar el voto, lo ejercitará en la misma
extensión y con las mismas obligaciones que se establece para todo hombre.” Los
opositores sostenían que en ese momento la mujer no estaría en condiciones de
votar porque sus funciones hogareñas no le permitían informarse adecuadamente.
Se debió esperar a la reforma constitucional de 1949 para ver consagrado el
voto de la mitad de la población, que ya había sido establecido a nivel
nacional por la ley 13.010 de 1947.
El
texto constitucional fue analizado y reivindicado por el jurista entrerriano
Arturo Sampay que años después será uno de los ideólogos de la reforma de la
constitución nacional en 1949. En 1936 escribió un trabajo en donde expresa que
“en su parte dogmática tiene en cuenta los derechos sociales del hombre y traza
un amplio plan de legislación obrera…”. Fue publicado como artículo en la
revista Hechos e Ideas y luego como libro. Allí analizó aspectos referidos a
los derechos del trabajador, la inclusión del voto femenino, la organización
económica y la importancia del sentido de la función social de la propiedad.
23/8/25
Reforma constitucional 1994. Las históricas jornadas de Entre Ríos y Santa Fe
Rubén
I. Bourlot
El 24 de agosto de 1994 se juraba la reforma
de la constitución argentina en el Palacio San José, Entre Ríos.
Para relatar la histórica reforma, que tuvo
como protagonistas -a la par de Santa Fe- a Paraná y al Palacio San José, le
dejamos la palabra a un personaje ficticio que llamaremos Teófilo, el cronista
intrépido quién se las tuvo que ingeniar para presenciar en todos los rincones
lo que estaba sucediendo.
El 25 de mayo de 1994 había amanecido
luminoso. Desde temprano Teófilo estaba en movimiento; la ansiedad lo invadía.
Tenía la misión de cubrir la inauguración de la Convención reformadora de la
Constitución Nacional.
En las primeras horas de la tarde, grabador y
anotador en mano, cámara al hombro; marchó hacia el centro de Paraná, la
antigua capital de la Confederación (1854-1861). Atravesó la plaza Primero de
Mayo y en la intersección de peatonal San Martín y Urquiza se encontró con un
nutrido cordón policial.
-Soy periodista y tengo que llegar al teatro
3 de Febrero- explicó.
- Credencial- musitó un joven agente de
uniforme almidonado.
- ¿Credencial? Mire, no tengo pero necesito
pasar para cumplir mi tarea de informar.
Allí estaban presentes los 303
convencionales, invitados especiales, periodistas acreditados de todo el país;
alrededor de un millar de personas. Parecía oírse aún el repiqueteo de los
martillos que dejaron a punto las instalaciones.
Sobre el amplio escenario estaban el
presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, los gobernadores de Entre Ríos,
Mario Armando Moine, y de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, autoridades
provisorias de la Convención y presidentes de los bloques partidarios.
El gobernador Moine pronunció las palabras de
bienvenida y luego habló el presidente Menem. Teófilo anotó algunos párrafos
del discurso presidencial: “Ustedes son elegidos para que no se detengan en
este momento histórico sino para pensar en el futuro, en la Argentina del Siglo
XXI”.
Más tarde Alberto Rocamora, el convencional
de más edad, y Pablo Cardinale, el más joven, en su carácter de autoridades
provisorias de la Convención, tomaron juramento a cada uno de los miembros de
la Convención. Luego fueron elegidas como autoridades definitivas Eduardo Menem
en la presidencia y Alberto Pierri en la vicepresidencia.
Mientras transcurrían estos acontecimientos
Teófilo se hizo una escapada por los alrededores. En la plaza Alvear observó
manifestaciones de docentes, exempleados del Frigorífico Santa Elena que
reclamaban por la continuidad de su fuente de trabajo, grupos de jubilados y
otras organizaciones que hacían oír sus protestas.
El vuelo a Santa
Fe
A partir del 21 de junio las tareas de
Teófilo se multiplicaron. Tenía que cubrir los debates de las comisiones que se
distribuían en Santa Fe y Paraná. Eran once de las cuales cinco trabajaron en
Paraná: en el Colegio de Ingenieros, la Biblioteca Popular, el Superior
Tribunal de Justicia, el museo de Bellas Artes y el teatro 3 de Febrero.
Ahí estaban los convencionales entrerrianos
Hugo Domingo Baldoni, Jorge Pedro Busti, Teresita Beatriz Serrat, Augusto José
Alasino y Mario Armando Moine por el Partido Justicialista, Isidro Ramón Dubini
por el Frente Grande, Rodolfo Eduardo Borini y María de Las Mercedes Elordi por
el MODIN, Pedro Perette y Rodolfo Miguel Parente por la Unión Cívica Radical.
Las discusiones fueron prolongadas y por
momentos acaloradas. En cada pasillo, en cualquier rincón en los bares y
restaurante de los alrededores se multiplicaban las reuniones y conciliábulos.
Teófilo escuchaba frases como “desatar el paquete”, “el núcleo está cerrado” y
otras por el estilo.
Las expresiones que estaban en boca de todos
se referían al “Núcleo de coincidencias básicas” que habían acordado el
presidente Menem y el principal líder de la oposición, el expresidente Raúl
Alfonsín, llamado también Pacto de Olivos, que era una serie de puntos del
proyecto de reforma que no se podían debatir en particular.
Tanto los convencionales del partido
Justicialista como los de la Unión Cívica Radical sostenían el respeto por lo
pactado en Olivos. En tanto los representantes de los demás bloques sostenían
que la convención era soberana para discutir en particular cada uno de los
temas incluidos en el Núcleo de coincidencias básicas.
Nuevos derechos
Finalizaba julio, días invernales. Pulóveres
y sobretodos decoraban el paisaje de las calles de Santa Fe. Llegaba el momento
culminante. El paraninfo de la Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral
recibía a los convencionales para sesionar en plenario.
Nuestro amigo sobrevoló las aguas aleonadas
del Paraná y se posó en las cercanías del Paraninfo. Si bien no tuvo
inconvenientes para ingresar al recinto, prefirió mimetizarse en una banca para
poder observar de cerca los debates.
El primer punto a tratar era el Núcleo de coincidencias
básicas. Aunque se había resuelto por mayoría votarlo en bloque los debates se
prolongaron por cuatro días. Finalmente se aprobó con el voto positivo del
Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical. Lo hicieron por la
negativa, y por discutirlo artículo por artículo, los convencionales del Movimiento
por la Dignidad Nacional (MODIN) y el interbloque de partidos provinciales. Los
bloques del Frente Grande y la Unidad Socialista se retiraron sin votar. Entre
otros puntos se incluía un periodo presidencial de cuatro años, la elección
directa de presidente y vicepresidente, la creación de la jefatura de Gabinete
y transformación de la capital del país en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Teófilo fue haciendo resúmenes de los debates
y uno de los más polémicos fue la inclusión del “derecho a la vida” o “clausula
antiaborto”. El oficialismo con el apoyo del MODIN pretendían incluir la
“protección de la vida desde la concepción desde la concepción hasta la muerte
natural”. Finalmente se incorporó una variante con el apoyo de la UCR:
“protección del niño y la madre desde el embarazo”.
La disposición sobre “la posesión y la
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” las
comunidades indígenas, además del respeto de su identidad étnica y cultural,
fue festejada fervorosamente por un delegación de 300 representantes venidos de
todos los rincones del país.
La educación pública fue un tema particularmente
debatido por la inclusión de la garantía de “gratuidad y equidad de la
educación pública estatal”. Se objetó el término “equidad” que podría dar paso
a una eventual privatización de los servicios.
Una clausula transitoria dispuso que ““La
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.”
Días después la potencia ocupante, Gran Bretaña, reaccionó ampliando la zona de
exclusión pesquera alrededor de las islas.
El 22 de agosto se sancionó el nuevo texto
constitucional. La clausura de la convención se llevó a cabo en el teatro 3 de
Febrero.
Finalmente nuestro cronista rumbeó para la
costa del Uruguay y se posó en el histórico patio del Parral del Palacio San
José para presenciar la jura que se hizo en ese lugar a modo de homenaje al
organizador Justo José de Urquiza. En la misma asistió como invitada especial
la expresidente constitucional María Estela Martínez de Perón.
Jura de la constitución en el Palacio San José
21/8/25
Horne, el ministro de los agricultores
Rubén I. Bourlot
En el gobierno de Luis L. Etchevehere fue Ministro de Hacienda Bernardino Horne, desde el 29 de diciembre de 1931 al 30 de junio de 1935. Nacido en Colón al 1900, fue un profundo conocedor de los asuntos agrarios y alcanzó gran renombre internacional en esta especialidad.
Durante las sucesivas gestiones de Bernardino Horne, tanto en la provincia como en los gobiernos nacionales, impulsó varias leyes que posibilitaron el desarrollo del campo y de la provincia en una nueva política de fomento agrario. También dejó en letra de imprenta trabajos sobre la temática como “Un ensayo social agrario. La colonia San José, Entre Ríos: 1857-1957”.Horne nació el primero de noviembre de 1900 en Colón, Entre Ríos, cursó sus estudios secundarios en el Colegio del Uruguay y se graduó de abogado en la Universidad de La Plata en 1925. Incorporado al partido Radical fue presidente de la Juventud Radical, Convencional provincial y nacional, Concejal en Concordia durante dos períodos, Ministro de Hacienda de Entre Ríos en gobierno de Luis L. Etchevehere (1931-1935), diputado nacional, y Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación.
La tierra para quien la trabaja
El debate histórico nos lleva a nuestros días cuando se pone de relieve la necesidad de reorientación de las formas de producción agraria y la distribución de las tierras. Horne fue autor de una batería de iniciativas orientadas a reconvertir profundamente el agro entrerriano, cuyo impacto lo podemos comparar con lo que fue la colonización agrícola de la segunda mitad del siglo XIX. Entre otras impulsó la Ley de “Transformación Agraria” (1934), la "Ley de Solidaridad Social o de Solidaridad Agraria” destinada a proveer a los colonos de semillas de cultivo, y otra de inembargabilidad de la semilla. En ese mismo año logró la sanción de la Ley 3006, de contribución directa con impuesto progresivo a la tierra libre de mejoras. En ese mismo sentido, en 1933 proyectó la ley de creación del Banco de Entre Ríos. Con la aplicación de la Ley de transformación agraria se formaron 6 colonias, en 36.451 hectáreas, con alrededor de 500 agricultores, en tierras adquiridas por el estado.
Por otra parte la labor del ministro Horne significó un gran progreso del cooperativismo, lo que se refleja en el número de entidades. En 1931 había 40 cooperativas y para 1934 ya había 53 de las que 39 era agrícolas, cinco de crédito, tres de consumo, tres eléctricas, dos de carnicerías y una industrial. También se creó la Federación Entrerriana de Cooperativas y se consagró el “Día de la Cooperación”, el primer sábado de julio de cada año.
En 1936, ya como Diputado Nacional Horne impulsó un proyecto para represar el Salto Grande, y en 1940 logró la aprobación de la ley 12.636 de colonización y creación del Consejo Agrario Nacional que “establecía como principio que por encima del derecho de propiedad particular de la tierra se ubicaba el interés colectivo, y en nombre de éste podía entonces el estado, a través del nuevo organismo creado por la ley –el Consejo Agrario Nacional-, expropiar aquellos terrenos que, cumpliendo unas pocas condiciones, fueran requeridos por dicha razón superior”, y así "las tierras baldías u ociosas que no fueren trabajadas por sus dueños durante un período de diez años, pasarán al dominio de la Nación” (Martínez Dougnac).
Los avatares políticos
Su intensa labor se trasladó al Instituto Agrario Argentino desde el cual propuso nuevas normativas y adoptó posiciones radicalizadas que terminaron alejándolo del tronco tradicional del radicalismo. En 1948 constituyó el Movimiento Radical Revolucionario (junto a Hernán Farías Gómez, Gabriel Kairuz, Antonio Lilué y Homero Manzione - Homero Manzi-) que significó la expulsión de la UCR y su acercamiento al gobierno de Juan Domingo Perón.
En 1858, al asumir la presidencia Arturo Frondizi (1958-1962), Horne asume como secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. En el mismo mes de su asunción presenta en la Cámara de Diputados un proyecto para la creación de un ambicioso plan agrario destinado a estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y generar mayor bienestar a los trabajadores agrarios. La propiedad de la tierra —acota el proyecto— queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley, "de acuerdo con el interés colectivo y la función social que debe cumplir".
Como era de esperar, el horno no estaba para bollos y el proyecto fue a dormir el sueño de los justos. Horne, ante el fracaso, se queja porque frente a este proyecto "se han extendido los límites de defensa de la propiedad privada; el respeto es mayor; y por tanto, si antes no sembró inquietud la norma de expropiación, ahora no caben dudas".
Años después, en 1962, Horne auspició la fundación del Partido Social Agrario que proponía un proceso de transformación agraria, que conduzca al desarrollo integral del agro, fundado en la práctica de una auténtica democracia y el cambio de la vieja estructura agraria, que solo servía para hacer perdurar un régimen económico que produce poco, y que fomenta el urbanismo desmedido, en desmedro del bienestar social.
Falleció en 1965. En 2001, sus restos fueron trasladados al cementerio de Colón, donde se lo recuerda como “Centinela del Agro Argentino”.
20/8/25
Medidas proteccionistas para industrializar la grasa con una máquina de vapor
Rubén I. Bourlot
Durante el gobierno de
Echagüe, el empresario Enrique Hoker introduce una máquina de vapor para la
extracción de grasa de yeguarizos, con exenciones arancelarias, convirtiéndola
en una incipiente industria.
Seguramente algún
economista contemporáneo, de esos que colonizan las pantallas de la televisión,
minimizarían la medida o la tildarían de “proteccionista” en sentido contrario
a la tan ponderada libre competencia que pregonan.
Según Urquiza Almandoz,
en su Historia económica y social de Entre Ríos, hacia 1830 se introdujeron en
el Río de la Plata nuevas técnicas para la extracción de grasas mediante baños
de vapor. "Casi simultáneamente con las innovaciones que se producían en Buenos
Aires y Montevideo - escribe el autor citado -, algunos hombres de empresa
radicados en la provincia de Entre Ríos vieron la posibilidad de aplicar la
máquina de vapor para la extracción de grasas (...). A partir de ese momento
fue posible advertir un cambio notorio merced a la iniciativa de Enrique Hoker,
al incorporar la máquina de vapor para incrementar la producción de su establecimiento
(...). En fecha 21 de agosto de 1834 (el gobernador Echagüe) se dirigió al
Cuerpo Representativo proponiendo exenciones fiscales para el citado
establecimiento." La legislatura entrerriana aceptó de buen grado la
propuesta "por haber sido Hoker el primero que a su costa ha conducido la
máquina que no se puede dudar de su utilidad".
En la comunicación del 21
de agosto de 1843 el gobernador había consultado al Tesorero General acerca del
derecho que debía pagar la grasa de yegua “en razón de no estar expresado en la
Ley de aduana” y a continuación se expidió Echagüe diciendo que “el gobierno
cree que tan lejos de gravar este ramo naciente de comercio con un impuesto, se
debe por el contrario, declarar que la grasa de yegua que se extraiga en la
máquina de vapor mencionada, sea libre de derecho por el término de dos años.”
Más adelante abona que
Hoker “ha tenido la constancia de ensayar una máquina que no había visto sino
figurada y explicada en la Enciclopedia; cuya circunstancia realza su mérito
(…)”
Se valoraba además el
empleo de mano de obra “que antes no producían” y, finalmente, los beneficios
para el Tesoro Público por lo que “debe reportar en los retornos que
naturalmente han de venir a la provincia.”
Con fecha 27 de agosto la
Comisión permanente del la Sala de Representantes se pronunció favorablemente
pero con la observación que en lo sucesivo el “derecho que por el mismo ramo
deben pagar los demás individuos que quieran extraerle, la aduana exigirá el
cuatro por ciento de todos los frutos (…)”
La obtención de grasa de
yegua era muy común en la región del Río de
la Plata y las crónicas describen que durante el siglo XIX se
organizaban grupos para la caza de las yeguas salvajes con destino a los
saladeros y a la obtención de grasa para la fabricación de velas y jabones. Las
graserías fueron grandes consumidoras de yeguas gordas, lo que perjudicó la
reproducción de las manadas.
Es por lo antes expuesto
que al año siguiente el gobierno provincial dispuso como requisito la solicitud
de la correspondiente licencia para habilitar nuevas graserías y así evitar la
matanza indiscriminada del ganado equino.
Las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías
basadas en el uso del vapor fueron introducidas en la región a partir de 1930
para derretir grasa bovina y ovina, y para la limpieza de cueros.
El vapor permitía un
mayor aprovechamiento de los recursos del animal y, por consiguiente, una
diversificación de los productos obtenidos: a la carne salada y los cueros se
sumó la producción de grasa y sebo. Una parte de este insumo, vital para la
producción de velas y jabones, se utilizaba en el mercado interno y otra se
exportaba, alcanzando hacia 1850, según los fragmentarios registros de la
época, siete mil toneladas.
Fue de la mano del químico
francés Antonio Cambaceres que se introdujeron las calderas para producir vapor
en los mataderos lo cambió notablemente la estructura de esos antiguos
establecimientos. La operación se realizaba en unos cubos de madera a los
cuales se calentaba con el vapor producido en unos cilindros hervidores.
En los años cuarenta
cuando el viajero inglés William Mac Cann hizo su recorrido por las estancias inglesas
de la provincia de Buenos Aires describió un caso: “La casa de Newton está
construida de ladrillo y bien calificada. Tiene delante una galería sostenida
por pilares de madera. Algunas rejas, bastidores y postigos de las ventanas son
de hierro e importados de Birmingham. Dos lados de la casa tienen arboleda y
los otros dos dan al patio y a los galpones. En uno de ellos funciona un aparato
de vapor para derretir grasa de vaca y de oveja.”
El proteccionismo de Echagüe
La medida de favorecer el
emprendimiento de Hoker con medidas fiscales estaba adelantando lo que dos años
después sería Ley de Aduanas sancionada por el Congreso provincial el 5 de
febrero y promulgada por el gobernador Echagüe el 12 del mismo mes de 1836, en
consonancia con la respectiva ley de aduanas de 1835 vigente en la provincia de
Buenos Aries. En ese sentido interpreta Edgar Erik Poenitz, en el capítulo
dedicado al gobierno de Echagüe en el tomo II de la Enciclopedia de Entre Ríos,
que “se fijaron derechos preferenciales a favor de la industria y producción
nacional y provincial, castigándose y, aún, prohibiéndose la introducción de
muchos productos extranjeros que competían injustamente con tradicionales
artesanía criollas.”
11/8/25
El combate de Costa Brava y las tropelías de Garibaldi
Rubén I. Bourlot
El 15 de agosto de 1842 aconteció el combate de Costa Brava en las cercanías del la isla Curuzú Chalí, al noreste de la ciudad de La Paz, cuando la flotilla del gobierno de Montevideo, en complicidad con las potencias colonialistas de Francia e Inglaterra, fue derrotada por las fuerzas del almirante Guillermo Brown.
Desde la asunción de Juan Manuel de Rosas en el poder de la Confederación Argentina y los obstáculos que puso a la libre navegación del río Paraná tanto Gran Bretaña como Francia intentaron por todos los medios imponer su apertura indiscriminada. A esta medida se sumaba una ley de aduanas de característica proteccionistas y la estatización del Banco Nacional (en realidad un banco manejado por comerciantes ingleses para administrar el dañoso empréstito con la BaringBrothers) que se convirtió en la Casa de la Moneda de la provincia de Buenos Aires.
Unos años antes la diplomacia británica había conseguido internacionalizar el río Uruguay en el marco de las negociaciones con el Brasil, al finalizar el conflicto con la Confederación (la guerra con el Brasil), con la creación de la República Oriental del Uruguay. Ahora venían por el río marrón.
El centro de operaciones de la conspiración se instaló en Montevideo, gobernada por Fructuoso Rivera, donde se exiliaban los emigrados de Buenos Aires y operaban agentes de las potencias europeas y del imperio del Brasil. La Nueva Troya, como la había caracterizado el escritor de folletines francés Alejandro Dumas, estaba sitiada por fuerzas de la Confederación a cargo de Manuel Oribe por tierra y el almirante Guillermo Brown, al mando de la flota, por mar.
En 1938 estalló la llamada Guerra Grande (que se prolongaría hasta 1851) que en sus primeros enfrentamientos la escuadra de la Confederación derrotó a las fuerzas navales del gobierno de Montevideo comandas por el inglés John Halstead Coe. En 1841 llegó al Uruguay el mercenario Italiano Giussepe Garibaldi que venía de participar de la guerra farroupilha entre la república separatista de Río Grande do Sul y el imperio del Brasil. En 1842 el gobierno de Montevideo (Rivera) lo designó al frente de su flota para sustituir al fracasado comandante Coe.
El italiano, al mando de la flota oriental, inició una campaña de hostigamiento y saqueos a las poblaciones costeras del río Paraná dando inicio a la denominada históricamente como Guerra del Paraná (1842-1846).
Costa Brava
La expedición comandada por Garibaldi consiguió desplazarse por el Paraná río arriba y al llegar a la actual capital entrerriana, conocida como la Bajada por esa época, la hostigó con disparos y continuó su derrotero hacia el norte. Hoy una plaza de Paraná luce un busto del condottieri.
Fracasado su plan Garibaldi dio la orden de volar sus barcos para no entregárselos a Brown. Para ello dispuso que se los rociara con aguardiente para luego prenderles fuego. La versión tradicional dice que la tripulación comenzó a beber los licores esparcidos y se embriagaron a punto tal que quedaron imposibilitados de moverse y murieron al explotar las santabárbaras.
Ya rendidos los orientales, Garibaldi escapó y muchos marinos argentinos quisieron seguirlo para tomarlo prisionero pero Brown dio la orden de dejarlo ir con el argumento que "ese gringo es un valiente".
Las tropelías por Entre Ríos
Garibaldi retornó a Montevideo en 1843 y organizó una nueva unidad militar integrada por mercenarios denominada “la Legión Italiana” e inició una nueva campaña de hostigamiento. Fue puesto a cargo de la flotilla de embarcaciones que habían sido capturadas por los franceses e ingleses al almirante Brown y ocupó Colonia del Sacramento, atacó y se apoderó de la isla Martín García y avanzó por el Uruguay. El 20 de setiembre la escuadrilla, formada por cinco buques de cruz y catorce lanchones y balleneras, atacó Gualeguaychú y la saqueó durante dos días. Fueron asaltados 31 establecimientos comerciales y numerosas casas de familia. Los más perjudicados fueron comerciantes españoles, sardos, portugueses y franceses. El “gringo valiente” se llevó un botín calculado en 30.000 libras esterlinas.
Garibaldi ya había conocido Entre Ríos cuando participaba en los entreveros de Río Grande y escapando rumbo al Río de la Plata fue herido y apresado en el Paraná Ibicuy, y trasladado a Gualeguay. El gobernador de la provincia, Pascual Echagüe, ordenó que se le diera el pueblo por cárcel y puso a disposición de éste a su médico. Meses después intentó escapar pero no lo logró y finalmente el propio gobernador ordenó liberarlo.
Tras la batalla de Costa Brava continuaron las agresiones de los imperios colonialistas en el marco de la Guerra del Paraná que incluyó los combates de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, los dos de Tonelero en 1946 y en ese mismo año los enfrentamientos en San Lorenzo y Punta Quebracho. Mencionamos estos acontecimientos para enmarcarlos en un contexto que en muchas historias se omite cuando se recuerda el combate de Obligado como un enfrentamiento de escasa relevancia.
Extractado de
- Rivas, H. “Batalla de Costa Brava, primer episodio de la Guerra del Paraná”, en Revista Ramos Generales Nº 10 verano 2021/2022, disponible en https://www.calameo.com/books/0065640162d54e7dda636
Conflictos y armonías entre dos hombres en pugna
Rubén I. Bourlot
El 14 de agosto de 1852 el Director Provisorio de la Confederación, general Justo José de Urquiza, dictó una resolución mandando devolver al general Juan Manuel de Rosas los bienes que le habían sido confiscados inmediatamente a su caída del gobierno. Hacía pocos meses que ambos se habían enfrentado en la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852).
Para muchos les resultará curioso un hecho
que no suele destacarse cuando se divulga nuestra historia. La interpretación
de los acontecimientos del pasado no siempre respeta lo que realmente
aconteció. Muchos historiadores y divulgadores ofrecen una visión sesgada,
desde sus propios prejuicios, de los sucesos y de las conductas de los
protagonistas, que deforman la comprensión del pasado.
La batalla de Caseros que fue la culminación
de un proceso iniciado un año antes, el 1 de mayo de 1852, con el llamado
“Pronunciamiento” de Urquiza que desconocía el liderazgo de Rosas sobre todas
las provincias de la Confederación Argentina. Y también era la clausura de dos
décadas vigencia de un gobierno de pactos interprovinciales que reconocían a
Restaurador la administración de los asuntos exteriores del país, de los
negocios de paz y guerra y la distribución de los ingresos de la aduana de
Buenos Aires. Faltaba la organización constitucional y un gobierno nacional que
reemplazara al precario sistema pactista. Rosas dilataba, con la excusa de que
primero había que pacificar el país, la promesa de convocar al Congreso General
Federativo dispuesta por el Pacto Federal de 1831 con el objeto de sancionar
ese “cuadernito con el nombre de constitución”, como decía. El reclamo fue
madurando, empezaron a tallar los liderazgos de las demás provincias hasta que
encontraron en Urquiza al artífice de la organización.
Caseros y los vengadores
La derrota de Caseros trajo como consecuencia
la renuncia de Rosas y su exilio en Inglaterra. El flamante gobernador
provisorio de Buenos Aires designado por Urquiza, Vicente López y Planes (el
mismo autor del Himno Nacional), se apresuró en confiscar todos los bienes del
caído en desgracia, sin atender el tan meneado derecho inviolable la propiedad.
El 16 de
febrero de 1852 firmó un
decreto por el que los bienes del Restaurador eran apropiados por la provincia, que se comprometía a
administrarlos hasta tanto la legislatura resolviera qué iba a hacer con ellos. “Todas
la propiedades de todo género pertenecientes a don Juan Manuel de Rosas,
existentes en el territorio de la provincia, son de pertenecía pública”,
disponía en el artículo 1º.
López
había tenido una actuación política muy cercana a Rosas: desde 1829 hasta 1852
desempeñó diferentes cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia
de Buenos Aires. No obstante, bajo su ala, se encontraba el acérrimo
antirrosista Valentín Alsina en el ministerio de Gobierno.
Meses
después, renunciado López, Urquiza a cargo del gobierno de Buenos Aires dictó la
resolución del 14 de agosto en cumplimiento de lo dispuesto el día 7 del mismo
mes que dejaba sin efecto, y prohibía para lo sucesivo, toda confiscación de
bienes por causas políticas. Estas medidas eran coherentes con el espíritu de
las “Bases” que había redactado Juan Bautista Alberdi para proyectar la Constitución Nacional que consagró en 1853 precisamente: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley” y “la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código
Penal argentino”.
La gratitud de Rosas
Cuando
Rosas, en su exilio inglés, se enteró de la buena nueva inmediatamente le
dirigió una carta de agradecimiento a Urquiza, fechada en 3 de noviembre de
1852, donde le decía que “¿Al registrar la historia esos hechos ilustres de
elevada generosidad, de rectitud y de justicia, podré excusarle esta
declaración? No, señor, porque amo a mi patria, no soy injusto y no debo ser
ingrato.”
Urquiza le respondió el 18 de marzo de 1853,
desde San Nicolás, expresando que “ha sido un acto de rigurosa justicia, que
ejercí en conformidad con mis más íntimas convicciones, y demasiado me creo
retribuido por él, con que Vd. lo aprecie y me manifieste su gratitud”.
Todo parecía saldado en los dos caudillos
separados por una generosa distancia que garantizaba una marcha tranquila hacia
la organización nacional. Pero la ruptura de Buenos Aires tras el levantamiento
del 11 de septiembre y el posterior intento de invasión a Entre Ríos para
bloquear el desarrollo de la Convención Constituyente, que había iniciado sus
sesiones a fines de ese año, dejó el campo libre para el retorno del unitarismo
antirrosista al gobierno de esa provincia.
En 1857 Valentín Alsina accedió a la
gobernación de la separatista Buenos Aires y dispuso inmediatamente una nueva
confiscación mediante la Ley Nº 139: “Declaración de reo de lesa patria y
confiscación de los bienes de Juan Manuel de Rosas” y autorizaba “al Poder
Ejecutivo para la venta en pública subasta, de las tierras” de su propiedad.
Enterado el presidente Urquiza de este nuevo
atropello le escribió a Rosas desde Paraná, el 24 de agosto de 1858,
ofreciéndole ayuda: “Yo y algunos amigos de Entre Ríos estaríamos dispuestos a
enviar a Vd. alguna suma para ayudarlo a sus gastos, si no nos detuviera el no
ofender su susceptibilidad, y le agradecería que nos manifestara que aceptaría
esta demostración de algunos individuos que alguna vez han obedecido a sus
órdenes. Ello no importaría otra cosa que la expresión de buenos sentimientos
que le guardan los mismos que contribuyeron a su caída, pero que no olvidan la
consideración que se debe a lo que ha hecho tan gran figura en el país, y a los
servicios muy altos que le debe, y que soy el primero en reconocer, servicios
cuya gloria nadie puede arrebatarle, y son los que se refieren a la energía con
que siempre sostuvo los derechos de la soberanía e independencia nacional”.
Rosas de nuevo le agradeció, a través de una
carta que le dirigió por intermedio de Josefita Gómez el 7 marzo de 1858, donde
le manifestaba que “lo poco que tengo se lo debo al general Urquiza ¿Cómo así
podía dejar de serle perdurablemente agradecido?”
Muchos años después vino la reivindicación
material que Rosas no puedo ver. Tras un prolongado proceso judicial llevado a
cabo por su hija Manuelita Rosas de Terrero por la que reclamaba los bienes
apoderados, la Corte Suprema de Justicia, en 1884, ordenó la devolución de
parte de los mismos que habían pertenecido a su madre Encarnación Ezcurra.
Y pasado más de un siglo, con todo el bagaje
de la revisión de los acontecimientos del pasado, llegaba la reparación
mediante la Nº 8134 de fecha 30 de octubre de 1973 que ordenaba “derógase
expresamente la ley Nº 139 del 28 de julio de 1857 dictada por una pasión
antiargentina, no obstante la notoria ilegalidad de la misma”.
Como se puede observar, más allá de las
disputas políticas, los valores humanos se filtraban entre los intersticios que
dejaban las ambiciones y la sed de venganza. Es un ejemplo que hoy tiene plena
vigencia y merece ser enseñado a las nuevas generaciones.
Imagen
Casco de la Estancia
del Pino, hoy Museo Brig. Gral. Don Juan Manuel de Rosas
9/8/25
La huelga del pavimento en Basavilbaso
Rubén I. Bourlot
El 11 de agosto de 1935 se desató un conflicto obrero en Basavilbaso por el pedido de mejoras salariales y reconocimiento del sindicato que los agrupaba. Eran trabajadores de la empresa de pavimentación de Wayss y Freytag de Capital Federal. Finalmente la firma resolvió reconocer a la organización gremial.
Este hecho nos sirve para proyectar un pantallazo de la organización de los trabajadores en Entre Ríos, en la época de la mentada “década infame” que reinaba en el país. En este periodo los conflictos gremiales eran recurrentes y se extendían por todas la provincias. El investigador Pedro Kozul en un interesante trabajo sobre la relación del movimiento obrero en la provincia con el Partido Comunista (1933-1945) nos dice que “la acción sindical no estaba circunscripta a una región determinada como tampoco era un fenómeno de los centros urbanos. Más bien, distritos rurales tales como: Viale, Crespo, Tabosi, Strobel y Urdinarrain; con poca matrícula poblacional, figuran en las zonas de conflictos que la policía detectó para intervenir.
El sindicalismo argentino, antes de la irrupción del peronismo en 1945, estuvo impulsado por los grupos socialistas, anarquistas y luego comunistas, principalmente a partir de la revolución soviética en 1917. También hubo grupos que pretendieron hacer un sindicalismo apartidario que solo fue simulacro ya que en la sociedad como en la naturaleza nada se da en estado puro. Y, como lo sostiene Kozul, en Entre Ríos tempranamente afloró la acción del sindicalismo en una provincia con menor desarrollo de grandes industrias. Destaca el autor que tanto los anarquistas como los comunistas fueron los impulsores de las organizaciones de los trabajadores.
Obreros de la
construcción al paro
El conflicto de Basavilbaso era un anticipo de la huelga conmovió a la Argentina desde fines de 1935: la de los obreros de la construcción en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Veamos los hechos. Desde septiembre de ese año la flamante Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (FOSC), dirigida por militantes del Partido Comunista (PC), fue convocando a una serie de asambleas, en las que se llamaba a un paro de actividades, dada la negativa patronal a aceptar las reivindicaciones, entre otras: reconocimiento del sindicato, mejoras salariales y de condiciones laborales, reducción de la jornada, descanso dominical y seguro por accidente de trabajo. Fue allí cuando se conformó un Comité de Huelga.
El conflicto comenzó el 23 de octubre. Acabó extendiéndose casi cien días, con la participación de unos 60.000 trabajadores, respaldados por la realización de multitudinarios mítines y reuniones obreras en la Plaza Once y el estadio Luna Park, de dimensiones nunca antes vistas en el país por parte de una misma organización sindical. Junto a esto, se constituyeron Comités de Empresa y piquetes huelguísticos, comisiones femeninas y de familiares de los trabajadores en paro, organismos populares de solidaridad y comedores colectivos. Desde diciembre hubo choques callejeros en distintos barrios con efectivos policiales y la Legión Cívica, multiplicándose los muertos. Sobre todo, los días 7 y 8 de enero de 1936, cuando se desenvolvió una violenta huelga general en apoyo al conflicto. Finalmente, el 27 de enero, una asamblea decidió suspender la protesta, ante la aceptación de varios de los reclamos originales. Como evidencia de la situación de fortaleza en la que quedaron los trabajadores, unos meses después se pudo constituir una nueva y poderosa organización en el sector: la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), dirigida y controlada por cuadros del PC, que pronto se convirtió en la segunda entidad laboral más numerosa y en el modelo de un nuevo tipo de sindicalismo industrial en el país.
Una década de
conflictos
Fue una época de alta conflictividad como lo demuestran los reclamos gremiales que se sucedieron entre 1935 y 1937. En varias localidades departamento Paraná (Crespo, Viale, María Grande, entre otras) y Diamante el sindicato de oficios varios llevó a cabo acciones de reclamo a la firma agropecuaria de Osías Jaroslavsky. También en Diamante y Strobel los obreros estibadores realizaron reclamos a las firmas cerealeras Luis Dreyfus y Bunge y Born. En Viale los trabajadores estibadores iniciaron protestas por aumentos salariales y reconocimiento del sindicato, al igual que en Gualeguay donde los trabajadores de la fábrica de fideos Armelín se declaran en huelga por el despido de dos obreros. En Concepción del Uruguay hubo conflictos con los obreros que trabajaban en la empresa que construía el molino de la firma Fabani y de los fideeros de la compañía Molinos Río de la Plata. Como se observa, la acción gremial atravesaba todo el territorio provincial y una diversidad de actividades.
Otro autor, Rodolfo Matías Leyes (Comités pro-desocupados: intervención estatal, contención social y política. Entre Ríos, 1932-1943), nos informa que “en 1932 la clase obrera entrerriana logró un viejo sueño que era la creación de un organismo que centralice, a escala provincial, a los gremios. Este organismo, la Unión Obrera de la Provincia de Entre Ríos, se constituyó en la ciudad de Concepción del Uruguay con la participación de una treintena de gremios, en su mayoría vinculados a la estiba y el acarreo de cereal, y a partir de la confluencia de dos corrientes ideológicas del movimiento obrero, los sindicalistas, asentados en Concepción del Uruguay y los anarquistas de Diamante.” Pero a mediados de la década esa unidad sindical se vio rota por conflictos ideológicos entre comunistas y anarquistas. Estos últimos constituyeron la Federación Obrera Comarcal Entrerriana dirigida por los ácratas con sede en Diamante.
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