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El presidente Sarmiento fija precio a la cabeza de López Jordán

Rubén I. Bourlot

El 28 de mayo de 1873 ingresa a la Cámara de Diputados un proyecto de ley del presidente Domingo Faustino Sarmiento por el cual se autoriza abonar una recompensa de 100.000 pesos fuertes por la cabeza del rebelde entrerriano Ricardo López Jordán.
Tras el asesinato del gobernado Justo José de Urquiza en 1870 y la designación de Ricardo López Jordán para completar el periodo de gobierno, el presidente Sarmiento considerando al nuevo gobernador como autor intelectual del magnicidio, sin pruebas ni proceso por cierto, resolvió el envío de una intervención armada de la provincia que culminó con la derrota de los jordanistas y la pérdida de la autonomía provincial.
Tras elecciones amañadas para intentar restablecer las instituciones, enrarecidas por la intervención del gobierno nacional, en 1873 se produce un nuevo levantamiento encabezado por López Jordán. Este hecho enfurece al irascible Sarmiento y decide enviar al Congreso un proyecto de ley poniendo el precio de 100.000 pesos a la cabeza del jefe rebelde y a las de sus compañeros de lucha. La misma “barbarie” que él mismo denostaba la cometía cada vez que accedía a una cuota de poder.

La política del degüello
El método civilizado de descabezar al enemigo viene de lejos. Recordemos la cita bíblica del general en Jefe del Ejército Asirio Holofernes: “Entonces sacó de la bolsa la cabeza de Holofernes y la mostró: ‘Aquí tienen la cabeza de Holofernes, general en jefe del ejército asirio, y éstas son las cortinas de su cama. El Señor lo mató por la mano de una mujer.’ (Judit: 12,15). Durante la época de dominación española era usual mutilar los cuerpos de los delincuentes. Sus cabezas y brazos eran colocados en una jaula y expuestos a la entrada de los pueblos o en las encrucijadas, para ejemplo y escarmiento.
Más adelante, en 1814, el Director Supremo Gervasio Antonio de Posadas declaró a Artigas “infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria” y dispuso que sea perseguido y “muerto en caso de resistencia”, para lo cual se estableció un premio de “6.000 pesos al que entregue la persona de José Artigas vivo o muerto”. Con menos suerte en 1821 Francisco Ramírez en su última campaña, perseguido por las fuerzas combinadas de Santa Fe y Córdoba, fue alcanzado en los confines de la provincia mediterránea, muerto en batalla cuando intentaba proteger a su compañera Delfina. Luego, cuenta el historiador Ramón S. Lassaga en Historia de López, “(…) su cabeza fue cortada (...) por un soldado Pedraza, trompa de órdenes del comandante Orrego; y Bedoya envió aquel trofeo sangriento al general López (...)”. Éste dispuso que se la colocara en una de las arcadas del Cabildo, que se encontraba frente a la plaza mayor de la ciudad para escarmiento de los enemigos.
Y podemos seguir: en 1821, simultáneamente a la muerte de Ramírez, su aliado José Miguel Carreras fue apresado en Mendoza y condenado a muerte por orden del gobierno de Godoy Cruz. Cumplida la ejecución se le mutiló el cuerpo, y su cabeza y brazos fueron expuestos en el cabildo de aquella ciudad. También el estanciero bonaerense Pedro Castelli, insurrecto contra Rosas en 1839, fue degollado y su cabeza expuesta en la punta de un palo en la plaza de Dolores, permaneciendo siete años. Otro hecho conocido históricamente es el asesinato del Chacho Peñaloza por parte de las fuerzas enviadas por el propio Sarmiento, gobernador de San Juan, cuya cabeza fue exhibida en la plaza de Olta. En 1868 ya presidente, ante hechos criminales, Sarmiento se dirigía al general José M. Arredondo: “Se dice que una diligencia ha sido asaltada. A grandes males, grandes remedios; trate de capturarlos. Córteles la cabeza y déjelas de muestra en los caminos.”

Por varias cabezas
El artículo 1º del proyecto de ley enviado por Sarmiento a la Cámara de Diputados dice: "La suma de 100.000 pesos fuertes será dada al que o a los que aprehendiesen y entregasen a las autoridades constituidas, excepto el caso de que cayese en poder del ejército, vencido y capturado como prisionero, a Ricardo López Jordán etc." El art. 2º ofrece 10 mil pesos fuertes por don Mariano Querencio, y por el art. 3º crea premios de mil pesos fuertes para quienes entregaran a autores de excesos cometidos durante la revolución. El artículo 5° aclara, por las dudas, que “estas medidas no limitarán, si fueren ineficaces, las facultades inherentes al poder militar de la Nación que la Constitución ha depositado en el general en jefe de sus fuerzas”.
El original del proyecto no se halla en los archivos pero sí la presurosa publicación que del mismo hizo el diario La Nación, que dirigía Bartolomé Mitre, el 25 de mayo de 1873. El semanario satírico El Mosquito se hizo eco de la medida a través de una caricatura que muestra a López Jordán quitándose la cabeza para entregársela a un asombrado Sarmiento.
Al respecto Leopoldo Lugones en su Historia de Sarmiento escribe que “ejecutado sin formación de causa, era un general de la nación. López Jordán, cuya cabeza quiso Sarmiento poner a precio, si bien el congreso rechazó con honrada independencia la monstruosa ley, era un ciudadano argentino amparado en su mismo extravío por la constitución que prohíbe la pena de muerte para el delito político.” Y agrega Aníbal S. Vásquez en Caudillos entrerrianos que el presidente “pretendía que se le llevara su cabeza en bandeja de plata, de igual manera que los cordobeses presentaron al general Estanislao López, la gallarda del Supremo Entrerriano.”

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Caricatura en El Mosquito

Grupo de revolucionario de López Jordán en 1873 dibujo aparecido en La Tour de Monde en Paris en 1873

Roca discípulo del Colegio del Uruguay

Rubén I. Bourlot

En el Colegio del Uruguay el busto dedicado al exalumno Julio Argentino Roca siempre luce una nariz perfectamente pulida. Esto se debe al ritual de los alumnos que cuando van a rendir algún examen tocan la nariz para que le propicie buena suerte. Y dicen que Roca siempre cumple, seguramente con la ayudita de un repaso previo de la lección.
Alejo Julio Argentino Roca nació el 17 de julio de 1843 en San Miguel de Tucumán. Fue el tercero de nueve hijos y llegó a ser uno de los presidentes más jóvenes que gobernó la Argentina. Desde la provincia del congreso de 1816, con apenas 14 años, se trasladó, junto a sus hermanos Celedonio y Marcos, al histórico Colegio fundado por Justo José Urquiza, en ese momento presidente de la Confederación Argentina. 
Como tantos otros jóvenes del país y de países cercanos, veían en la institución un verdadero faro para su formación, favorecidos por un sistema de becas y el internado que les proveía alojamiento y comida. Una verdadera apuesta a la educación pública que ya se perfilaba como gratuita para los que menos tenían, con incuestionable calidad. La llegada de Roca coincidió con el período de mayor esplendor del Histórico, “la década de oro”, bajo la dirección de Alberto Larroque. De sus aulas surgieron notables intelectuales, profesionales y dirigentes políticos.

La carrera militar
Por iniciativa de Larroque se había abierto una sección militar para la formación de oficiales y en ese curso, de dos años de duración, se incorporó Roca en 1857. Los docentes eran prestigiosos y experimentados profesionales de distintas áreas del conocimiento, como el teniente coronel Nicolás Martínez de Fontes y el coronel Simón de Santa Cruz, hijo del Mariscal de Santa Cruz, entre otros. Al año siguiente Roca recibió los despachos como Subteniente de Artillería y muy pronto sobrevendrá su bautismo de fuego. Fue con motivo del nuevo enfrentamiento del gobierno de la Confederación con la rebelde Buenos Aires que culminará en la batalla de Cepeda. Roca, con 16 años, se propuso para alistarse y fue aceptado. Participó del combate el 23 de octubre de 1859 donde por su actuación fue ascendido a Teniente 1°.

Tras su participación en Cepeda retornó a las clases del Colegio hasta que el nuevo enfrentamiento de Pavón (17/11/61) lo encontró entre los combatientes de destacada actuación. Incluso, cuando el general Urquiza tomó la polémica decisión de retirarse y dejar el triunfo al ejército del estado separatista de Buenos Aires, continuó combatiendo hasta el final: “Yo fui efectivamente el único oficial del regimiento de (coronel Simón de) Santa Cruz que salvó sus piezas y el último que se retiró del campo de batalla”, escribe Roca en una carta a Ezequiel Paz, imitando similar conducta sostenida por la caballería comandada por Ricardo López Jordán.
Culminados los estudios en el histórico Colegio su carrera militar fue en franco ascenso. Participó de la cruenta guerra contra el Paraguay y de la represión a los caudillos provinciales alzados contra la política represiva de los gobiernos de Mitre y Sarmiento. En 1871, en Corrientes, la batalla de Ñaembé lo enfrentó con las tropas de López Jordán, a quién había conocido en su época de estudios en el Colegio del Uruguay, y combatido juntos en la batalla de Pavón. Desencuentros habituales de nuestras disputas políticas. Años después el “jordanismo” entrerriano se sumaba a las filas de Eduardo Racedo, representante en la provincia al Partido Autonomista Nacional que llevaría a la presidencia a Roca. En tanto López Jordán, condenado y luego de una breve estadía en la prisión de Rosario escapó y se exilió en el Uruguay. En 1888 el presidente Juárez Celman le concedió la amnistía.
Luego vendría la campaña militar a la Patagonia, mal llamada “Conquista del Desierto”, y el triunfo contundente en la batalla de Buenos Aires que logró su capitalización definitiva. Con esos laureles se volcó a la arena política y presentó su candidatura presidencial apoyado por el Partido Autonomista Nacional (PAN) primera expresión política organizada a nivel nacional. Su triunfo fue contundente (155 votos contra 70 en el Colegio Electoral) y a los 37 años asumió la presidencia a la que sucedería un segundo periodo en 1898 completando 12 años de gobierno.

Los discípulos del Colegio
Desde la presidencia Roca convocó a varios de sus compañeros y profesores del Colegio que le dio sus primeras armas. Victorino de la Plaza como Ministro de Relaciones Exteriores; Eduardo Wilde, ministro de Instrucción Pública; Issac Chavarría, Ministro del Interior; Wenceslao Pacheco, Ministro de Hacienda; Benjamín Victorica –que fuera su profesor-, Ministro de Guerra. Capítulo aparte merece Onésimo Leguizamón que en 1882 presidió Congreso Pedagógico Sudamericano en Buenos Aires convocado por Roca que dio origen a la Ley de educación común. Como se ve gran parte de la influyente “Generación del ochenta” fue formada en las aulas del Colegio del Uruguay.

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Roca en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay c. 1857. A su derecha sus primos Eduardo y Florencio Reboredo.
Busto de Roca en el colegio del Uruguay

Bibliografía

Tomás Cantín en la revolución de 1880

Rubén I. Bourlot

La revolución de 1880 no fue un hecho más de las guerras civiles argentinas. El triunfo de las fuerzas federales por sobre el ejército de la provincia de Buenos Aires significó la instalación de la capital definitiva del país. En estos acontecimientos Entre Ríos no estuvo ausente. Como en Cepeda, en Caseros, los panzaverdes pisaron fuerte sobre los adoquines de la rebelde ciudad portuaria.
El entonces coronel entrerriano Eduardo Racedo estuvo al frente de la división Norte de los ejércitos nacionales pero no fue menor la participación del batallón de la “Guardia Provincial” y de su segundo jefe, el entonces sargento mayor Tomás Cantín, que actuó en el combate de Corrales el 21 de junio. Documentos de la época dan cuenta de su valeroso aporte que tal vez los libros de historia no lo registren en su real dimensión. No es casual: la revolución del ’80 fue un hecho que suele tratarse como una escaramuza local en la puja por la capitalización de Buenos Aires. Todo lo contrario, fue un cruento enfrentamiento que dejó unas 3000 víctimas mortales en las calles de Buenos Aires en donde las milicias armadas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, no pudieron resistir el embate del ejército nacional conformado por efectivos provenientes de todas las provincias, fogueados en las guerras civiles y en la reciente expedición a la Patagonia que había encabezado el ahora electo presidente Julio Argentino Roca.

Roca y la capitalización de Buenos Aires
Para ponerle contexto a los hechos recordemos que en 1880 se llevaron a cabo elecciones presidenciales para designar al sucesor de Nicolás Avellaneda y entre los candidatos con mayores posibilidades se encontraban el entonces ministro de Guerra Julio Argentino Roca, que venía de realizar su campaña patagónica, y el candidato mitrista por el partido Autonomista -gobernador de la provincia de Buenos Aires-, Carlos Tejedor.

En los comicios realizados el 11 de abril de 1880 Roca obtuvo la mayoría de electores para el Colegio Electoral –Tejedor había ganado solamente en la provincia de Buenos aires- y faltaba que el mismo ratificara los resultados el 12 de junio. Ante este hecho Tejedor y su mentor Bartolomé Mitre no vieron otra salida que intentar desconocer el resultado, como lo había hecho en 1874 ante el triunfo de Avellaneda, provocando un golpe de estado. El primer paso fue proclamar unilateralmente a Tejedor como presidente y volver a convertir a Buenos Aires en un estado separado del resto del país reeditando lo hecho en 1854 cuando la provincia portuaria se escindió de la Confederación, pero no lograron ningún reconocimiento internacional. Eran otros tiempos y el horno no estaba para bollos. Recurrieron a las armas, arrinconaron a Avellaneda –el presidente “huésped” de Buenos Aries- que se vio obligado a trasladar su despacho al pueblo de Belgrano, e intentaron resistir a las hordas provinciales, “los chinos de Roca” como le llamaban despectivamente.
La revolución fracasó. El 30 de junio el gobernador Carlos Tejedor presentó su renuncia. Avellaneda intervino la provincia y disolvió a todas las milicias provinciales de Buenos Aires. Roca inició su camino hacia la Casa Rosada. El 21 de septiembre de ese año una ley declaró a la ciudad de Buenos Aires territorio federal y capital de la Nación. El 12 de octubre asumía el nuevo presidente.

Reconocimiento a Cantín
Una nota firmada el 1º de julio por el ministro de Guerra nacional, Carlos Pellegrini, certifica que “don Tomás Cantín llegó al campamento de la chacharita como 2 jefe del batallón ‘Guardia Provincial’ de Entre Ríos, el 12 de junio de 1880.
“Prestó sus servicios de avanzada en la división del coronel (Manuel José) Olascoaga, que cubría la línea de San José de Flores y formó en la misma división en el combate de Corrales el 21 de junio, avanzando con su batallón en primera línea y ocupando esa posición. Su conducta fue recomendable en todo momento, dándole el presente para los fines que pueda convenirse.”
Días después, el 4 de julio, el sargento mayor Tomás Cantín era ascendido a teniente coronel por el gobernador de Entre Ríos José F. Antelo en reconocimiento a los méritos del “segundo jefe de la infantería del batallón ‘Guardia de Entre Ríos’” en el combate de Corrales.
Con el tiempo los méritos se olvidan y Cantín pasó a ser un oficial más que al año siguiente apareció mencionado en un documento, conservado en el Fondo Gobierno del Archivo General de Entre Ríos, solicitando “dos meses de sueldo que se le adeudan”.(1) En 1887 figura en el escalafón del Ejército nacional como mayor de infantería ingresado en diciembre de 1880. En 1895, el Departamento de Guerra resolvió formar “una lista especial para aquellos Jefes que han prestado servicios durante la Campaña del Paraguay (1865-1870) y que revistaban en la Plana Mayor Activa” donde figura el mayor Tomás Cantín en su calidad de veterano.

(1) Archivo General de Entre Ríos, Fondo gobierno, Asuntos militares, Legajo Nº 8: 1880 - 1881. Cantín, Tomás. Teniente Coronel de Infantería de la Provincia. Solicita dos meses de sueldo que se le adeudan.

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Combate de Corrales donde actuó Cantín
Escalafón del Ejército de 1887

Bibliografía

Ramos, J. A. Revolución y contrarrevolución en la historia argentina, Vol. II: Del patriciado a la oligarquía. Disponible en http://www.labaldrich.com.ar/biblioteca-digital/


La libertad de imprenta: “que el pueblo hable al pueblo”

 Rubén I. Bourlot

"La imprenta, emancipada del capital y de los intereses particulares, sería la tribuna en que el pueblo hable al pueblo, será la redacción de los intereses generales para instruir al público”, aseveraba Mariano Fragueiro.

El 26 de octubre de 1811 el gobierno del Primer Triunvirato del Río de la Plata decretaba la libertad de imprenta. En esa época se entendía como libertad de imprenta que “toda persona puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa”. En el siglo XIX el único soporte posible para las publicaciones era el papel. El otro medio eran los pregoneros que propalaban mensajes en el centro de las plazas.

El citado decreto consideraba que “el abuso de esta libertad es un crimen”, y que “su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares, y a todos los ciudadanos si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica o la Constitución del Estado”.

De acuerdo con la norma, compuesta por un total de diez artículos, los autores eran responsables de sus obras. Se garantizaba la difusión de las ideas en momentos que el proceso de independencia estaba en el debate público.

Los periódicos que circulaban eran escasos porque no abundaban las imprentas. Fuera de Buenos Aires casi ninguna localidad del Río de la Plata contaba con medios periodísticos. En Montevideo había circulado La Estrella del Sur publicada por la ocupación británica en 1807.

En Entre Ríos apareció el primer periódico en 1819 cuando Francisco Ramírez fundó La gaceta federal que circuló hasta los primeros meses de 1820 por la imprenta que trajo el chileno José Miguel Carrera. En diciembre de 1821, con Lucio Mansilla en el gobierno de la provincia, empezó a editarse El correo ministerial de Paraná.

Respecto a las normativas locales, el Estatuto Provisorio Constitucional de 1822 disponía que “la prensa es libre, bajo el Reglamento dado por el Ejecutivo General de las Provincias el 26 de octubre del año 1811” que tuvo vigencia hasta 1954.

 

El estado como garantía de la libertad de prensa

El 9 de diciembre de 1853 se sancionaba el Estatuto para la Organización de la Hacienda y el Crédito Público, cuya autoría corresponde al Ministro de Hacienda Mariano Fragueiro, que era complementario a la Constitución Nacional que había sido sancionada en este mismo año.

En un completo capítulo se desarrollaba la normativa referida a la publicación de contenidos por medio de las imprentas, una verdadera ley de medios de comunicación.

El Título XII del Estatuto disponía la instalación de imprentas del estado dependientes de la Administración del Crédito público en las ciudades de la Confederación para la publicación de documentación oficial y de todo escrito, que enviado a la Administración respectiva que haya recibido la “calificación de útil”, sin costo alguno para el autor. Asimismo se preveía una compensación mediante la entrega de un porcentaje de los ejemplares impresos.

La idea central de Fragueiro, expresada en trabajos previos, era incorporar a la imprenta como medio de comunicación, junto al crédito público, como un poder dentro de la estructura del gobierno, independiente de los otros tres poderes. Es decir, convertir a la prensa en el verdadero cuarto poder, que garantizaría el desarrollo del pensamiento en un marco de libre expresión.

“¿No sería de mucha importancia elevar al rango de instituciones políticas del poder de la imprenta y el del crédito público, como medios de garantir la libertad de publicar el pensamiento y el uso de la propiedad?” leemos en Fragueiro (Cuestiones argentinas, 1852). Y agregaba que “el espíritu de la prensa periódica y todos sus servicios, lo mismo que los servicios del crédito público, deben ser nacionales”. Ya en su obra previa, La organización del crédito (1850), había sostenido que la imprenta debía ser una propiedad pública sometida a la administración estatal.

Fragueiro estaba convencido que debía garantizarse a todos los habitantes “(…) el derecho y el poder de publicar sus pensamientos gratis, y con remuneración en su caso, en imprentas del estado, toda vez que el escrito fuera declarado útil por un jurado antes de su publicación”.

 

La censura empresaria

También advertía el economista cordobés sobre las críticas de censura previa que podían recaer sobre esta propuesta, y sostenía que sin la intervención estatal las restricciones a la libertad de expresión se acentuaban por las exigencias de los propietarios de los medios. “El pobre, el que no puede pagar la impresión, no puede publicar. La restricción de los empresarios, redactores y editores que no consentirán la impresión de ningún escrito contrario a sus intereses” y agregaba: “La imprenta está a merced de quien más paga”.

Estas aseveraciones podrán no resultar simpáticas para los abanderados de la libertad de prensa de hoy que cuestionarán con iracundia el monopolio del estado con el consecuente riesgo de censura previa.  En ese sentido opinaba su biógrafo Alfredo Terzaga (Mariano Fragueiro. Pensamiento y vida política, 2000): “Ninguna gran empresa editora de capital privado, y ninguna entidad que agrupe a dueños de diarios y periódicos podría ver hoy sin escándalo la tesis sostenida por Fragueiro”.

Las precauciones que planteaba Fragueiro sobre los medios privados y sus mecanismos más o menos encubiertos de censura se pueden trasladar al siglo XXI. El hombre común o el publicista independiente no cuentan con demasiados canales, salvo las denominadas “redes sociales”, para difundir sus ideas a pesar de la proliferación de medios. Se deben limitar a solicitar un espacio en la sección de cartas a los lectores o dejar un mensaje telefónico, cuya publicación queda sujeta a las disponibilidades de tiempo y espacio del medio. El profesional de la comunicación incorporado a un medio no siempre tiene margen para expresarse libremente ya que, como lo sostenía Fragueiro hace siglo y medio, “no consentirán la impresión de ningún escrito contrario a sus intereses”.

“Lejos pues, de intentar atacar la libertad de imprenta, queremos protegerla contra los abusos del egoísmo; procuramos destruir el absolutismo de los empresarios, redactores, editores y gerentes de los periódicos, que bajo estos nombres anónimos ejercen un poder señorial sobre los productos del talento (...)

“Entonces, la imprenta, emancipada del capital y de los intereses particulares, sería la tribuna en que el pueblo hable al pueblo, será la redacción de los intereses generales para instruir al público”, aseveraba Fragueiro.

Mitre veta la candidatura presidencial de Urquiza

Rubén I. Bourlot

 

El 17 de mayo de 1868 el presidente Bartolomé Mitre, pronto a finalizar su mandato, dirigió a Urquiza una carta solicitándole que declinase su candidatura presidencial. Lo cuestionaba por "haber sido proclamada antes de iniciarse los trabajos constitucionales por las montoneras que han asolado el interior de la República …”

La funesta guerra contra el Paraguay tenía ocupado al presidente Bartolomé Mitre pero se acercaba rápidamente el final de su mandato sin posibilidades de reelección y sin un sucesor que reuniera las condiciones para triunfar. Su favorito Rufino Elizalde, patrocinado por el imperio del Brasil –socio de Mitre en la Triple Alianza- no gozaba de simpatía en las provincias, ni en la de Buenos Aires. Se buscan alternativas y aparecen Adolfo Asina, Juan Bautista Alberdi como opciones. Este último, furioso opositor a la guerra contra el Paraguay, no era de las simpatías del fundador de La Nación.

Como la cuestión no se resolvía un grupo de oficiales y jefes del ejército se entusiasmaron con una idea lanzada por Lucio V. Mansilla. Ahí estaba disponible otro provinciano en apariencia más dócil al modelo político centralista del puerto de Buenos Aires, y que podía arrimarle los votos de las provincias. Era nada menos que el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento que en ese momento se encontraba en Estados Unidos, pronto a embarcarse a Europa. Y en París se enteró del ofrecimiento durante un banquete que le brindaron en el marco de la Exposición Universal de 1867.  En Buenos Aires no tomaron muy en serio esa candidatura. “Le hicieron creer que puede ser presidente” publicaban los diarios.

 

La candidatura de Urquiza

Y en medio de ese entrevero apareció la candidatura del expresidente Justo José de Urquiza con el apoyo de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La fórmula se completaba con el bonaerense Adolfo Alsina. La alarma cunde.

En noviembre de 1867, Mitre, desde Paraguay, publicaba una carta donde formulaba consideraciones sobre la situación interna y el porvenir del país, que es calificada con cierta pompa como su "testamento político". La popularidad de la candidatura presidencial de Urquiza era el centro de su preocupación. Mitre ponía de manifiesto que "ya había señalado con franqueza el único caso en que, usando de su autoridad moral y sin prevalecerse de su posición oficial, haría la oposición que le correspondía a candidaturas que de antemano consideraba funestas..." (¿la de Urquiza?) agregando que "su empeño había sido preparar al país a una libre elección de presidente en las mejores condiciones posibles para el gran partido nacional de los principios". Sin nombrarlo estaba sugiriéndole al entrerriano declinar sus aspiraciones presidenciales.

Proclamado por la “montonera”

La candidatura de Urquiza continuaba prosperando. Los diarios oficialistas como Tribuno y El Nacional Argentino lanzaban sus embates contra el entrerriano.  Sorpresivamente salió al ruedo una fórmula que le restaría posibilidades a Sarmiento: Alsina-Urquiza que a los pocos días trocó en Urquiza-Alsina. ¡Alarma en las trincheras del mitrismo! Con fecha 17 de mayo de 1868 Mitre dirigió una carta a Urquiza invitándolo a renunciar por estimar que su postulación sería contraria a los intereses del país, particularmente por "haber sido proclamada antes de iniciarse los trabajos constitucionales por la montonera que han asolado el interior de la República invocando su nombre (…) aun cuando V. E. no sea culpable de ello, quedándole sin embargo, la responsabilidad de no haber protestado contra esa explotación que se hacía de su nombre".
Desde Concepción del Uruguay, el 24 de mayo, Urquiza respondió diciendo que con anterioridad al "testamento" podría haber tomado en consideración la invitación que se le hacía, pero no ahora cuando ya están comprometidas voluntades y esfuerzos de muchos conciudadanos. Rebate las apreciaciones de Mitre y recogiendo la alusión a la montonera expresó que no puede admitirla "por la atroz injusticia que envuelve". Luego agrega: "La verdad del libre sufragio popular no depende ni de la palabra de V. E. ni de la mía; depende sólo del régimen de las instituciones en los pueblos no perturbados por la coacción del poder general, en cuanto le es extraño". Finalmente dice que esperaba sin impaciencia el voto popular y si le era adverso mancomunaría esfuerzos para ayudar al electo, a gobernar con eficacia, para mantener la unión nacional, obtener la paz, etc.

Finalmente Urquiza no fue elegido presidente por segunda vez. El sistema de colegios electorales permitió que se maniobrara en los cenáculos para favorecer finalmente al más digerible Domingo Faustino Sarmiento que obtiuvo 79 votos, Urquiza 28, Rufino Elizalde 22, Rawson 3 y Vélez Sársfield 1. Votaron por Urquiza todos los electores de Entre Ríos, Santa Fe y Salta.


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Mitre en la Guerra contra el Paraguay
Urquiza 1862 (“Fotografía del Uruguay” de Bernardo C. Victorica, fotógrafo: Alicedo)

Bibliografía 

Calderón L. B. (1951). Urquiza, síntesis de su época y su actuación y su obra, Paraná.
Ramos, J. A., (1974). Del patriciado a la oligarquía, Peña Lillo, Bs. As.
Rosa, J.M., (1992). Historia Argentina, T. 7, Oriente, Buenos Aires.

La valiente defensa de una ciudad

 Rubén I. Bourlot

Una calle de Concepción del Uruguay recuerda la valiente defensa de la ciudad el 21 de noviembre de 1852 cuando tropas enviadas por el gobierno separatista de Buenos Aires intentaba impedir la reunión del Congreso Constituyente.

Siguiendo el relato de Luis B. Calderón, el 19 de noviembre de 1852 al mediodía "Ricardo López Jordán (hijo), Comandante Militar de Concepción del Uruguay tuvo noticia de que una escuadrilla conduciendo tropas remontaba el río; y casi simultáneamente un oficial de marina, Bartolomé Cordero, llegado en veloz carrera desde Gualeguaychú, le informó del ataque de (Manuel) Hornos. 

Producida la separación de Buenos Aires del resto de las provincias, tras el golpe de estado del 11 de septiembre, el gobernador de hecho Valentín Alsina y su ministro Bartolomé Mitre trazaron un plan militar “de pacificación de las provincias” para impedir la reunión del Congreso Constituyente convocado por Urquiza.

La expedición militar, trasportada por el vapor artillado Mercedes y siete buques a vela, fue confiada a los generales Manuel Hornos y Juan Madariaga quienes, con una dotación de 1.700 efectivos, salieron desde Buenos Aires el 10 de noviembre de 1852. Hornos, como entrerriano y para seducir a sus coterráneos -escribe Heriberto Pezzarini en su Historia de Concordia-, lanzó una proclama expresando que traía la bandera con la que se había vencido a Rosas. Invitaba a que bajo la sombra de ese paño se uniesen a sus fuerzas con la firme resolución de recobrar la libertad oprimida por el despotismo del Gobernador. Concluía diciendo que buscaba “(…) la paz y la libertad para esta tierra. Deseo el bienestar de todos, y como la presencia del Gral. Urquiza hace imposible la permanencia de esos bienes, quiero también que se vaya del país, y nos deje tranquilos elegir el gobierno que más convenga (…).”

El 15 de noviembre la escuadrilla al mando del general Hornos se ubicó en el río Uruguay, al sur de Gualeguaychú con el objeto de apoyar el ataque del general Juan Madariaga a Concepción del Uruguay que se produciría días después. Al día siguiente se produjo el desembarco en puerto Landa, en la boca del Gualeguaychú, con propósito de tomar la ciudad homónima. Lo propio hizo la caballería comandada por el correntino Ocampo. 

 

El pueblo en armas

Madariaga en tanto remontó el río rumbo a Concepción del Uruguay. “El 20 por la mañana se presentó la escuadrilla frente a la plaza –escribe Calderón-, y tomó como base para sus operaciones el vecino saladero Santa Cándida. Habiendo López Jordán rechazado con altivez la intimación que le dirigiera Madariaga, éste dispuso el ataque el 21 hacía medio día. “

López Jordán “adoptó rápidas disposiciones para colocar la plaza, que se encontraba desprevenida y desarmada, en condiciones de defenderse contra el ataque que se preveía. Se tocó generala, se distribuyeron armas, se formaron cantones. Todo el vecindario, nativos y extranjeros, viejos y jóvenes, respondieron al llamado; y ya en la noche del mismo día 19, la ciudad tenía en pie de guerra todos los elementos en hombres y armas de que podía disponer.” Los propios alumnos del Colegio del Uruguay se aprestaron para la defensa.

El vapor Merced se ubicó a la altura del actual Ministerio de Obras Públicas, con sus cañones apuntando a la población. Los cabos de amarre estaban atados en lo que es hoy la isla del puerto (en aquel entonces la zona se llamaba “el naranjal de Sagastume”).

 

La heroica defensa

Los combates comenzaron a las 10 de la mañana del 21 de noviembre. La columna más importante de los invasores comenzó a avanzar desde el actual Balneario Itapé por lo que es hoy la calle Juan D. Perón hacia la plaza Ramírez, mientras –desde el Merced- se cañoneaba al nuevo edificio del Colegio del Uruguay (asiento de uno de los cantones de la defensa y donde se ubicaron cañones para hostigar el avance de los invasores). El Colegio perdió así su primer mirador.

Durante tres horas se peleó encarnizadamente. Se llegó al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Por el sur, por el suroeste, por el norte. Fue tan dura y decidida la respuesta de los pobladores, que el enemigo (que no esperaba semejante entereza) al no poder doblegar a los defensores, huyó despavoridamente volviendo hacia el Itapé. Contra ellos –que se retiraban- cargó López Jordán encabezando la precaria caballería con que contaba, haciendo que la victoria fuera total y definitiva.

La desastrosa derrota provocó que el Merced cortara amarras, matando con sus paletas –incluso- a los invasores que querían llegar nadando para refugiarse abordando el buque.

A las 14 horas la victoria ya era completa. Diez uruguayenses perdieron la vida en los combates y 82 invasores. Hubo más de 100 heridos y 44 prisioneros.

“Entretanto Hornos, que avanzaba desde Gualeguaychú, dispersó las milicias que intentaban reunir algunos jefes de Urquiza y se acercó a Uruguay. Ya en sus inmediaciones tuvo noticia de la derrota y fuga de Madariaga y, como si lo contagiara el verdadero pánico que había hecho presa de su colega en el comando de la expedición, no pensó más que en salvarse huyendo hacia Corrientes.”

En esos días Urquiza se encontraba en Paraná, desde el 15 de noviembre, dispuesto a viajar a Santa Fe para inaugurar el Congreso Constituyente; pero el 18, al recibir noticias del movimiento de las fuerzas porteñas resolvió dirigirse hacia el campamento de Calá para organizar la defensa. Por eso motivo no participó de la apertura del Congreso.

  

Bibliografía

Calderón, Luis B., (1951). Urquiza, Provincia de Entre Ríos y Pezzarini, Heriberto, (2007). Historia de Concordia I, Casa Fornés. Disponibles en el Archivo General de Entre Ríos.

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-          Monolito y placa que recuerda la defensa

-         Ricardo López Jordán

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El Colegio del Uruguay cobijó estudiantes de diversos países

Rubén I. Bourlot

El 25 de noviembre de 1906 asumía la presidencia del hermano Paraguay Benigno Ferreira. Si bien nacido en el país guaraní su educación secundaria y universitaria transcurrió en la Argentina y es uno de los egresados del Histórico Colegio del Uruguay.

La institución fundada por Urquiza en 1849, primer colegio secundario laico del país con aspiraciones universitarias, cobijó a alumnos de todo el país, muchos de ellos becados por carecer de recursos y de allí salieron figuras notables, entre ellos los presidentes argentinos Julio Argentino Roca (dos períodos 1880-1886 y 1898-1904), Victorino de la Plaza (1914-1916), Arturo Frondizi (1958-1962), el vicepresidente Hortensio J. Quijano (de Juan Domingo Perón) y dos presidentes del Paraguay: el citado Benigno Ferreira (1906-1908) y Juan Bautista Egusquiza (1894-1898).

Educación pública y abierta

En estos tiempos que se pone en tela de juicio si la educación pública argentina puede recibir con sus brazos abiertos a estudiantes de nuestras hermanas repúblicas americanas, bien vale recordar que en la época de Urquiza, en Entre Ríos, las aulas estaban dispuestas a cobijar a los jóvenes de toda la región ansiosos de aprender. Varios fueron los “extranjeros” que pasaron por el Histórico, como Eduardo Wilde nacido en Bolivia, en 1844, médico, periodista, político y diplomático, y los hermanos paraguayos Juan y José Segundo Decoud, destacados políticos en su país. También por las aulas Escuela Normal de Concepción del Uruguay, conducida por Clementina Compte de Alió,  se formaron las paraguayas Adela y Celsa Speratti que en su país fueron las organizadoras la primera Escuela Normal.

El presidente Ferreira

El de Benigno Ferreira es un caso muy particular. Desde el vamos digamos que nació en Mora Cue, Tapúa Grande (hoy Limpio), hijo de Joaquín Ángel Mora Coene y María Concepción Ferreira. Como no era un matrimonio legalizado adoptó el apellido de su madre. Cuando llegó el momento de cursar estudios secundarios en el Colegio de San Carlos de Asunción, el presidente Carlos Antonio López no se lo permitió por ser hijo de un opositor.  Por suerte su padrino de bautismo era el cónsul general argentino José Tomás Ramírez que le consiguió una beca para el Colegio del Uruguay. 

Así, en 1859 el joven Ferreira ingresó al histórico Colegio y a su egreso se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho. Antes de terminar la carrera otro hecho imponderable interrumpió sus estudios. Estalló la tragedia que fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, su país.

Con 19 años se incorporó a la Legión Paraguaya, enrolada entre las tropas argentinas, conformada por exiliados que se oponían a la política del presidente Francisco Solano López. No obstante, al conocerse el Tratado Secreto de la Triple Alianza Ferreira se apersonó ante el general Urquiza para expresarle que “hemos sido engañados. El tratado de alianza es una vergüenza para los gobiernos signatarios, un ultraje a mi patria y un escarnio a la civilización”. Ferreira renunció a la fuerza y en Buenos Aires se dedicó al periodismo, en el diario “La República”, en cuyas columnas sigue fustigando a la Triple Alianza.

Terminada la trágica guerra que enlutó a toda América y destruyó al Paraguay, Ferreira volvió a su país y en 1871 ocupó el Ministro de Guerra y Marina en la gestión del presidente Cirilo Antonio Rivarola (1870- 1871), y luego se hizo cargo del Ministerio del Interior en la gestión de Salvador Jovellanos (1871-1874).

Con la asunción del nuevo presidente Juan Bautista Gill, protagonista de varias revueltas, Ferreira debió marchar al exilio en Argentina donde permaneció hasta 1895 en tanto terminó  el doctorado en leyes.

Involucrado en un nuevo movimiento revolucionario, la guerra civil de 1904 que protagonizan los liberales contra el Partido Colorado, lo designaron Ministro de Guerra y en 1906 asumió como presidente de la Nación pero no terminó su mandato. Destituido en 1908 vuelve a exiliarse en Argentina donde permanece hasta su muerte el 14 de junio de 1920.

Juan Bautista Luis Egusquiza

El historiador Celomar Argachá rescata otro estudiante del Colegio del Uruguay que llegó a la presidencia del Paraguay.

“Numerosos historiadores paraguayos mencionan al General Juan Bautista Luis Egusquiza Isasi – señala Argachá - como un progresista militar y político que ocupó la Presidencia de la República del Paraguay entre noviembre de 1894 y noviembre de 1898, es decir con anterioridad al General y Doctor Benigno Ferreyra (1906-1908)”

“Lo realmente curioso – continúa el historiador uruguayense - es que fue alumno del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza en la carrera anexa al Histórico, como fue el Aula Militar, siendo condiscípulo de Julio Argentino Roca y de otros notables militares argentinos. Su rector era el Dr. Alberto Larroque.”

Egusquiza ingresó en el Ejército Argentino llegando a ascender hasta Capitán, y años después retornó a su país donde se le reconoció su cargo militar y continuó en servicio hasta el grado de General de Brigada.

 

Imágenes

Colegio del Uruguay2018 (foto Luis Cerrudo. 2018)

Benigno Ferreira

Las hermanas Adela y Celsa Speratti

Bibliografía

Argachá, C. (24 de julio de 2020) Personalidades paraguayas que estudiaron en nuestra ciudad,  en https://concepcionhistoriayturismo.com/category/hechos-destacados/

Bonín, R, (29 de julio de 2019), "El Colegio del Uruguay es un faro en la educación pública argentina", en https://www.elmiercolesdigital.com.ar/el-colegio-del-uruguay-es-un-faro-en-la-educacion-publica-argentina/

 


Ley de aduanas para proteger la producción local

Rubén I. Bourlot

El 29 de abril de 1849, durante la gobernación de Justo José de Urquiza, se sancionó una nueva ley de aduanas que venía a modificar la ley vigente desde 1836.

Eran tiempos heroicos. Las provincias tenían pocas posibilidades de recaudar para mantener su estructura estatal. Las aduanas que cada provincia tenía para sí, independientes de la aduana del puerto de Buenos Aires, eran casi las únicas fuentes de recursos. Pero esos aranceles aduaneros no solo servían para recaudar. Eran mecanismos de política económica para fomentar determinadas producciones y protegerlas de la competencia externa que desde Europa venían industrializadas, abaratadas con la mano de obra proletaria que trabajaban a cambio de magros salarios.

Así fue como en la gobernación de Pascual Echagüe, y en consonancia con la política de protección de las producciones locales llevada a cabo por el encargado de la Confederación Juan Manuel de Rosas, en Entre Ríos se sancionó una ley para regular el régimen tarifario. En ese momento (1836) la principal preocupación de las autoridades provinciales era el despoblamiento del campo con la liquidación del ganado vacuno que se destinaba de manera indiscriminada a la exportación. En esa ley se fijaron derechos diferenciales para favorecer a la industria local, estableciendo aranceles a la importación de manufacturas que competían con esa producción. Se gravó la extracción de ganado vacuno. Se prohibió el ingreso de algunos rubros como ropa confeccionada, sillas de montar, bolas, lazos, sombreros, harinas, licores de diverso tipo y una extensa lista. Si se podían fabricar en la provincia o el país para qué comprarlo afuera. Una lógica que los aprendices de economistas que suelen poblar hoy las pantallas de la televisión no explican con esa sencillez.

El acatamiento a esas medidas no fue para nada pacífico. Hubo descontentos por parte de provincias vecinas que se vieron obligadas a pagar aranceles para introducir su productos en la provincia, como fueron las protestas del gobernador santafesino Estanislao López preocupado por los recargos que se aplicaban a la introducción de trigo y a la venta de vacunos a Santa Fe.

La puesta en vigencia de la ley dio como resultado el desarrollo de algunas industrias como fue la novedosa fábrica de grasa de yeguarizos introducida por Enrique Hocker, la reactivación de la producción lanera y la instalación de saladeros en Concordia y Gualeguaychú, entre otras.

La nueva ley de aduanas

En 1949, bajo el gobierno de Urquiza, una nueva ley de aduanas con un fuerte sesgo proteccionista sustituye a la anterior, modificando el cuadro arancelario. Respecto de la importación, establecía que todo artículo extranjero pagaría por todo derecho el 12% ad valorem. En tanto los aguardientes, cañas, y demás licores -productos que no eran imprescindibles para el desarrollo de la provincia- fueron gravados con el 35%. Los vinos pagarían el 18%. En cuanto a los frutos y manufacturas procedentes de las provincias de la Confederación Argentina, su introducción era gravada con el 6% ad valorem. Los vinos pagarían el 7% y los aguardientes en general, el 15%.

Sí eran gravados fuertemente artículos de las provincias de la Confederación que podían perjudicar la producción local, con aranceles que llegaban al 50%. Asimismo se exigía un derecho del 50% a la introducción de toda prenda de plata alemana y su composición. Se liberó de derechos la introducción de ganado vacuno, yegurarizo y lanar.

Con el objeto de fomentar la industria local se rebajaron los aranceles a insumos como sal, tablas y cajones, elementos que se utilizaban en la industria saladeril, las máquinas, pipas vacías, duelas, flejes para arcos, pólvora ordinaria para los trabajos de las caleras, herramientas para establecimientos, libros de instrucción, instrumentos de agricultura, ciencias y artes; debiendo los introductores de estos últimos artículos, acreditar que eran para uso particular.

Por otra parte quedaba absolutamente prohibida la introducción en el territorio de Entre Ríos de trigos, harinas, galletas, frutas y legumbres, si procedían de países extranjeros.

En otro orden que no tenía relación con la política económica, se prohibía la introducción de libros contrarios a la religión católica, apostólica, romana, así como los que tengan láminas indecentes y ofensivas al pudor, cuadros y pinturas de esta misma clase.

En lo referente a la exportación, se establecían los distintos derechos que deberían pagar los productos locales al salir del territorio de la provincia.

El único efecto cuya exportación se declaraba libre de todo derecho era la carne salada, lo que no implicó ninguna variante con el régimen aduanero anterior. En cambio, quedaba absolutamente prohibida la extracción del oro y plata en moneda sellada para países extranjeros; y para las provincias hermanas se permitía bajo de fianza, la que se levantará acreditando su introducción.



Bibliografía a consultar

Poenitz, Erich L. W. Edgar, (1978). “La restauración del sosiego público. El gobierno del general Pascual Echagüe (1832-1841)”, en Enciclopedia de Entre Ríos, Arozena Editores, T. II, Paraná.

Recopilación de leyes, decretos y acuerdos de Entre Ríos, Tomo V (1842-1849).

Urquiza Almandoz, Oscar F. (1878). Historia económica y social de Entre Ríos (1600 – 1854), Banco Unido del Litoral, Bs. As.

Del mote de vagos a la dignificación del trabajo rural

 Rubén I. Bourlot

El 8 de octubre es el Día del Trabajador Rural recordando la sanción en 1944 de primer Estatuto del Peón de Campo, mediante decreto 28.169 del gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, cuyo secretario de trabajo era Juan Domingo Perón.

“Cachorro de viaje largo: / ¡qué duro es tu trajinar!/ Destino sin una queja / de silencio y soledad” le canta Linares Cardozo en Peoncito de estancia.

Existe un discurso muy actual que romantiza al trabajador rural asalariado, al peón de campo, que lo muestra como una persona abnegada que trabaja de sol a sol, con frío, calor o lluvia, sin reclamar por vacaciones, sin hacer huelgas cortar rutas (como lo hacen sus patrones). Pero esa es una penosa realidad aún con la vigencia de las leyes que tratan de dignificar su trabajo.

El estatuto de 1944 venía a visibilizar a un sector totalmente marginado que prestaba servicios en condiciones penosas y en muchos casos casi en la esclavitud. La norma establecía la obligación de pagar un salario mínimo y la estabilidad de los trabajadores del campo, el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, descansos obligatorios, alojamiento con mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas. La normativa fue fuertemente resistida por los productores rurales que se negaban a reconocer la productividad del trabajador bajo su dependencia.

El estatuto se convirtió en la Ley Nº 12.921 en diciembre de 1946. Meses más tarde se sancionaba la Ley 13.020 para reglamentar el trabajo de cosecha o de los llamados trabajadores “golondrina”. El Estatuto del Peón de Campo fue reemplazado por un Régimen de Trabajo Agrario mediante el decreto de facto Nº 22.248 de 1980. En 2011 se sancionó un nuevo Estatuto del Peón Rural.

 

Régimen feudal

El régimen de trabajo rural hasta la década del ’40 no difería mucho de las condiciones que venían de la época colonial. Los vínculos cuasi feudales entre peones y patrones tuvieron su expresión más salvaje en los obrajes de La Forestal que a partir de 1870 explotó los quebrachales en el norte santafesino, sur chaqueño y noreste de Santiago del Estero.

Tradicionalmente, con la expansión de la ganadería en la región, se hizo necesario contar con puesteros y peones para atender a la hacienda bajo un régimen de servidumbre.

Según el historiador Juan Pivel Devoto a fines del siglo XVIII en la Banda Oriental del Uruguay los puesteros y peones constituían la base de lo que denomina el "proletariado rural”. Percibían una parte de su salario en dinero, completándose muchas veces en forma de alimentos y vivienda. Una figura importante de este sector estaba representada por los agregados, en muchos casos antiguos ocupantes instalados en predios de grandes o medianos hacendados, con su propio grupo familiar. El agregado fue tolerado frecuentemente por el propietario o poseedor como garantía contra el asentamiento de nuevos ocupantes, manteniéndolo en las tierras a cambio del mejor derecho del hacendado.

Las grandes propiedades se arrendaban con todo lo que las tierras tenían, no sólo con las instalaciones, sembradíos o ganado, sino también con los pequeños arriendos – en este caso, denominados arrendatarios secundarios- y con los agregados que tuviera la propiedad que los asimilaba a los siervos de la gleba del feudalismo europeo. Es decir, los contratos celebrados en estos casos otorgaban al arrendatario principal un amplio poder de decisión sobre los arrendatarios menores o secundarios, a tal punto que lo facultaban para decidir sobre su permanencia en la propiedad y sobre la renta que debían abonar. En este sentido, y en virtud de la relación contractual, los arrendatarios principales, sin ser dueños de la tierra que arrendaban y al margen de cualquier otro arreglo que previamente pudiera haber hecho el arrendatario secundario o el agregado con el propietario de las tierras, recibieron un amplio poder de decisión sobre la suerte de aquellos. Se trasladaba al arrendatario principal con toda su fuerza la relación de dependencia del pequeño arrendatario y del agregado.

 

El control del los vagos

Ya en la época independiente los gobiernos de Entre Ríos trataron de regular el trabajo rural no para reconocerles derechos sino para garantizar la prestación de sus servicios. Así Justo José de Urquiza al frente del gobierno de Entre Ríos dispuso una minuciosa reglamentación para el personal de marcación de ganado: "Todo peón de esta marcación, queda sujeto a los comisionados, principales cabezas y subordinados a los subalternos de las escuadras que formen, sin poder salir del puesto que ocupe sin previo permiso por escrito de uno de los comisionados. La peonada en sus marcas guardará el orden militar, formando filas alineados sin permitir que salga nada de ellas, y cumpliendo las órdenes que se les imponga. Los trabajos cesarán a las doce del día sábado, para dar lugar al aseo particular de cada uno y reposición de los útiles de servicios inutilizados, pasando revista de ellos en forma militar; ninguno tendrá ni podrá llevar mujeres en las incursiones que se hagan durante su subsistencia en las comisiones de yerra.” El día domingo se permitía a la peonada “la diversión de costumbre, que es el baile, cuidando las familias del partido, y prohibiéndose hacerlo de noche, y éste sólo durará hasta las cuatro de la tarde.”

Pero también por la época rigieron las denominadas leyes de “vagos” para obligar a prestar servicio a los también denominados “gauchos” que no tenían ocupación fija.

En 1848 el gobierno decretó “convencido de que la falta de moral y aplicación al trabajo de la clase jornalera, obsta poderosamente al adelanto de un país, por cuanto la falta de brazos paraliza todos los ramos de su comercio e industria” por lo tanto no se admitía en la provincia “ninguna clase de individuo vago, o que no tenga ocupación honesta y conocida” y establecía las obligaciones de peones y empleadores que debían exigir la portación de un certificado de las autoridades competentes o la “papeleta” extendida por un empleador donde se registraba su conducta en el trabajo. Los que persistían en el estado de vagancia serían enviados al campamento militar de Calá.

En 1860 la Cámara legislativa sancionó la “Ley de vagos” que calificaba como tales a “las personas de uno y otro sexo que no tengan renta, profesión, oficio u otro medio lícito con que vivir” y “los que con renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican a alguna ocupación lícita y concurren ordinariamente a casas de juego, pulperías o parajes sospechosos.” A éstos infractores se los destinaba a “trabajos públicos por el término de tres meses” en tanto que “las mujeres vagas serán colocadas por igual término al servicio de alguna familia mediante un salario convenido entre la Autoridad y el patrón.”

A principios del siglo XX, luego del conocido Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina producido por Bialet Massé en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley Nacional de Trabajo que fue rechazada tanto por los sectores industriales como por diversos gremios.

Como expresábamos al principio, en la actualidad aun persisten bolsones de explotación del trabajo rural que cada tanto dan cuenta los medios de comunicación, donde no se respetan las normar vigentes, no rige el estatuto del peón ni las leyes laborales, se reduce a la servidumbre, se mantienen trabajadores forestales hacinados en ranchadas inhabitables, encerrados sin poder circular libremente, mal alimentados y mal pagos.

 

Bibliografía

Bialet Massé, Juan. Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina, disponible en https://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/masse/Volumen1.pdf



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